La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) celebró la firma de un Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Appleseed México, A.C., a través del cual se brindarán servicios jurídicos Pro Bono a víctimas cuyos derechos fueron vulnerados, y también a organizaciones civiles.
La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, reconoció a la Fundación Appleseed como la Red Pro Bono más importante en México, además destacó su visión sobre la responsabilidad social empresarial y la de una cultura de los derechos humanos en las empresas.
“No existe una cultura del trabajo Pro Bono, por la desconfianza social hacia la labor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), a diferencia de países europeos y de la misma región latinoamericana, donde surgieron antes que en México”, dijo en un comunicado.
La directora ejecutiva de la Fundación Appleseed México, Lourdes Guadalupe Eugenia Cortázar Cejudo, indicó que la Red integra más de 50 firmas de abogados, ofrece servicios jurídicos Pro Bono y de manera gratuita a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como a los sectores relacionados con temas sociales que representen un interés colectivo.
“No hay país en el mundo que pueda crecer, caminar y fortalecer su democracia sin un sector social fuerte”, insistió.
No obstante, reconoció que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), realizada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la confianza de la gente en las organizaciones de sociedad civil es de 5.2 en una escala de 10, lo que la coloca en el mismo sitio que a los partidos políticos.
Asimismo, se refirió a la Encuesta Nacional sobre Filantropía y la Sociedad Civil (ENAFI) 2013, realizada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que señaló que sólo 10 por ciento de los entrevistados aportó económicamente para el trabajo de las OSC, ante el desconocimiento sobre su labor, y la consecuente desconfianza.
Esa desconfianza, lamentó, ha provocado una sobre regulación por parte del Estado, que desincentiva el trabajo de las OSC y, al mismo tiempo, del accionar en favor de las comunidades.
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