Académicos de instituciones educativas en el norte de México y Estados Unidos elaboraron un documento propuesta para la política binacional entre ambos países referente a migración y derechos humanos. Entre las propuestas se pide terminar con las restricciones impuestas por el Título 42, sobre las expulsiones inmediatas a México, empezando con la no devolución de unidades familiares.
“La mayoría de las niñas, niños y adolescentes que viajaron con sus familias se encuentran todavía del lado mexicano de la frontera. Se debe garantizar que cada familia tenga derecho a solicitar asilo presentando una entrevista de temores fundados. El final de las expulsiones por Título 42 reduciría necesidades de alojamiento y servicios para menores no acompañados en Estados Unidos al permitir que las familias viajen hasta su destino una vez liberadas, después de pasar la entrevista con oficiales de inmigración”, indican.
Además, sugieren, establecer mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional y entre autoridades de ambos países. El intercambio de información permitirá planificar y administrar los espacios disponibles en los centros de atención y albergues tanto del lado mexicano como estadounidense, añadieron.
Como tercer punto, pidieron aumentar la capacidad de los centros de atención a migrantes y albergues en México y en Estados Unidos.
“El funcionamiento de los espacios filtro y hoteles filtro en Juárez y en Tijuana ha demostrado que son lugares eficientes en el control de la pandemia antes de que las personas migrantes sean trasladadas a los albergues. Sin embargo, es importante incrementar la capacidad instalada tanto en el número de espacios filtro como en la aplicación de pruebas PCR y crear espacios similares en otros puntos de la frontera. Resulta fundamental y urgente la instalación de lugares dignos para niños, niñas y adolescentes no acompañados y familias migrantes”, expusieron.
Asimismo, urgieron a recuperar la experiencia exitosa de la terminación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP). Consideraron que la readmisión de las personas bajo MPP ha sido un proceso eficiente y seguro.
Explicaron que al llegar a las instalaciones en México, pasan una prueba para detectar posibles casos de covid-19 y rellenan sus formatos. Posteriormente, son trasladados a Estados Unidos y reciben atención en albergues locales donde hacen arreglos para llegar a su destino final.
Esto ha permitido que no estén por periodos prolongados en detención, que no se genere un cuello de botella en el procesamiento de los casos y que disminuya el riesgo de contagio. Si las personas pueden iniciar sus solicitudes de asilo en México bajo un esquema similar, esto permitiría eliminar los requerimientos de detención de familias y de personas susceptibles de protección internacional, advirtieron.
Por último, las autoridades mexicanas deben garantizar que ningún niño, niña o adolescente (acompañado o no) sea detenido en las estaciones migratorias.
“Las condiciones actuales de hacinamiento en estos lugares de detención migratoria ponen en grave riesgo la salud de las personas migrantes y no permiten la detección de personas con necesidades de protección internacional. La detención masiva lleva a las personas a viajar en condiciones extremadamente peligrosas y está provocando un enorme costo humanitario”, indicaron.
Las propuestas, exponen, derivan del análisis de cuatro fenómenos relacionados entre sí:
- El incremento en la cantidad de familias que llegan a la frontera con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos
- El número extraordinario de niños, niñas y adolescentes no acompañados
- El aumento en el número de personas expulsadas a México bajo el Título 42;
- La finalización de los protocolos de protección a migrantes (MPP) que ha permitido la readmisión en Estados Unidos de personas que se encontraban activas dentro de este programa.
Entre la centena de firmantes destacan María Dolores París Pombo de El Colegio de la Frontera Norte; Rodolfo Rubio Salas, El Colegio de Chihuahua; Jeremy Slack, University of Texas at El Paso; Robert McKee Irwin, UC Davis, Global Migration Center; Josiah Heyman, University of Texas at El Paso; y María Inés Barrios de la O de El Colegio de la Frontera Norte.
Por último, señalaron que las autoridades de ambos países deben garantizar tanto el derecho al asilo como la implementación de procedimientos para una migración segura y ordenada, lo cual permitirá reducir la movilidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados y disminuirá la probabilidad de una crisis de salud.
dmr
