La Comisión Permanente solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado de las investigaciones que realiza sobre presuntos actos de corrupción cometidos por miembros del Poder Judicial Federal, al indicar que se han documentado casos en contra de jueces y magistrados a quienes se les relaciona con hechos de corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo o acoso sexual.
En el punto de acuerdo votado por unanimidad también se pide al Consejo de la Judicatura Federal que dé a conocer las medidas que ha llevado a cabo para identificar, prevenir y sancionar estas conductas en el Poder Judicial Federal.
El punto de acuerdo retoma la proposición del coordinador morenista, Ricardo Monreal, según la cual hay cuando menos 15 casos de los que no se conocen resultados.
El pasado 5 de Junio, Monreal Ávila presentó la propuesta con la que el Senado exhorta a la Fiscalía General de la República a enviar un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza dicha dependencia respecto a presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, que habrían cometido jueces y magistrados.
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turnó dicha proposición para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia.
Las comisiones dictaminadoras modificaron la propuesta original, para plantear “una concordancia lógica con los resolutivos aprobados”.
Se respalda la postura del líder morenista, según la cual el Poder Judicial ha documentado, durante los últimos cuatro años, casos en contra de jueces y magistrados a quienes se les relaciona con temas de corrupción, colusión con la delincuencia organizada, nepotismo y acoso sexual, entre otros, mismos que se ha enfocado a contrarrestar.
“De todas las medidas que llevó a cabo la FGR, 15 fueron destituciones e inhabilitaciones de los juzgadores por haber cometido conductas graves; tres inhabilitaciones y una destitución se emitieron en 2018, pero no todas han sido declaradas firmes”.
Se puntualiza que los juzgadores, ya sean jueces, magistrados o ministros, conforme a su ámbito competencial respectivo, interpretan las normas, determinan su significado y dictan sentencias que confirman o invalidan decisiones de los otros órganos de autoridad.
“Mediante estas facultades, el trabajo de los integrantes del Poder Judicial constituye uno de los mecanismos de control de constitucionalidad y legalidad más importantes”.
Por ello resulta relevante que la Fiscalía General informe al Congreso de las investigaciones que realiza respecto a los presuntos hechos de corrupción, con respeto a la división de poderes.
AE
