Las acciones sociales y los programas sociales de las 16 alcaldías deberán ser aprobados por el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, además de que serán evaluados por parte del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalua CdMx).
También se prohibirá que se aprueben este tipo de acciones se emitan seis meses antes de cualquier jornada electoral, esto como “herramienta de blindaje electoral y garantía democrática de neutralidad de las instituciones”.
Así lo establece la iniciativa para reformar la ley de austeridad que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al Congreso capitalino y que tiene como propósito es impulsar un modelo de gestión más transparente y armonioso, así como transparente en la gestión de los recursos públicos.
“Se hace referencia al riesgo de que se impulsen como Acciones Sociales lo que en realidad deberían ser Programas Sociales, evitando de ese modo, tanto el control legislativo como el proceso de aprobación ante Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y, en último término, la evaluación del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México”, explica la mandataria capitalina en la propuesta.
De acuerdo con el documento, se otorgarán nuevas atribuciones a Evalua CdMx para que sea este quien autorice y evalúe el desempeño de las acciones sociales delegacionales.
Será este organismo descentralizado el que se encargará de emitir los criterios de reglas de operación de programas sociales, así como lineamientos generales de las acciones sociales.
En el artículo 42, fracción I de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal queda establecido que Evalua CdMx deberán “organizar, definir y realizar anualmente por cuenta propia o a través de terceros la evaluación externa de la política, los programas y las acciones sociales, y dar seguimiento a las recomendaciones que emita”.
Las alcaldías deberán entregar su proyecto de acción social al Comité de Planeación del Desarrollo –que es parte de Evalua Cdmx- y este tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para resolver su procedencia.
En caso de que no se apruebe el programa social se deberán reasignar a otro rubro los recursos aplicables.
En tanto, en el artículo 129 de la Ley de Austeridad señala que “en situaciones de extrema y urgente necesidad se podrán articular acciones sociales de manera inmediata para atender las contingencias o emergencias y tendrán un plazo de 15 días hábiles para remitir sus lineamientos al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México”.
Finalmente señala que las alcaldías tendrán un plazo de 30 días hábiles para entregar los lineamientos de las acciones sociales que se encuentren en operación para su análisis y revisión correspondiente.
EB
