Dos Tribunales Federales tumbaron de manera definitiva las imputaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realizó contra dos empresarios relacionados con el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque cancelaron el proceso y la orden de aprehensión contra cada uno de ellos.
Se trata de los casos de Baltazar Higinio Reséndez Cantú y Juan Francisco Támez Arellano señalados por el Ministerio Público Federal de presuntamente formar parte de una red criminal que ayudó supuestamente al ex gobernador a lavar dinero.
En el caso de Reséndez Cantú, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Segundo Circuito confirmó la resolución dictada por Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, quien determinó no vincularlo a proceso por falta de datos de prueba.
Mientras que en sesión celebrada la semana pasada, el Primer Tribunal Colegiado con sede en Tamaulipas, ratificó el amparo otorgado en primera instancia contra la orden de captura.
Ambos empresarios fueron imputados por la FGR por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La única persona que aún busca echar abajo la orden de captura en su contra es Cabeza de Vaca, quien en meses pasado ganó un amparo, pero un Tribunal Federal revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento por falta de notificación a la FGR, pero no se pronunció sobre la resolución de fondo.
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El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Segundo Circuito concluyó que la FGR no demostró que Reséndez Cantú haya cometido los mencionados delitos, ni mucho menos que haya obtenido licitaciones de manera irregular cuando Cabeza de Vaca era gobernador.
En tanto, en la sesión del Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas dos magistrados concluyeron que no hay datos de prueba que hagan presumir la existencia de los delitos.
Cabe mencionar que el 1 de julio de 2021, la FGR aprehendió a Reséndez Cantú tras ser entregado en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa, tras ser detenido en McAllen, Texas, por alguaciles norteamericanos.
La FGR aseguró que el empresario lavó dinero para el ex gobernador, recursos que supuestamente sirvieron para comprar un departamento en más de 42 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Según el expediente, Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Támez Arellano, sirvieron para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.
Lo anterior, porque ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el SAT. La más beneficiada, según la Unidad de Inteligencia Financiera, fue Inmobiliaria RC Tamaulipas, ya que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un Centro de Justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se habían concluido, entre otras, supuestas irregularidades.
