Marco Antonio Sierra Martínez es el primer empleado de Pemex involucrado en el caso Odebrecht al que la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituye; también lo inhabilitó por 10 años y aplicó una sanción económica de 119 millones de pesos.
Está acusado de pagar un exceso de 119 millones de pesos, la misma cantidad de su multa, a la empresa Constructora Norberto Odebrecht SA, una de las 21 filiales de la empresa brasileña en México.
El funcionario federal comenzó a trabajar en Petróleos Mexicanos en 2007 y desde marzo de 2015 se desempeñó como residente de obra en Pemex-Transformación Industrial.
El pasado lunes, la dependencia que encabeza Arely Gómez dio a conocer que a la empresa filial se le impuso una inhabilitación de cuatro años para que no pueda firmar contratos con ninguna institución del gobierno mexicano.
Ayer, la secretaria destacó que México es el único país de América Latina de los mencionados en el caso Odebrecht que ha inhabilitado a la empresa brasileña para no firmar contratos de obra pública.
Durante un desayuno de fin de año con reporteros de la fuente, señaló que la SFP mantiene abiertos ocho procedimientos sancionatorios de carácter administrativo, pero recordó que en tres de ellos —dos contra la empresa y uno contra uno de los representante legales— un juzgado federal concedió una suspensión definitiva para que la dependencia a su cargo no emita resoluciones correspondientes.
“México, a través de la Secretaría de la Función Pública, es el único país en América Latina que hasta el momento ha inhabilitado a la empresa brasileña para concursar en futuras contrataciones públicas.
“De este modo se reconoce que el fenómeno de la corrupción es una dinámica que ocurre en condiciones de coparticipación; sin duda, cuatro años de inhabilitación tienen un impacto importante en las finanzas de cualquier empresa. Esta es solo la primera resolución”, aseguró.
Fuentes de la Secretaría de la Función Pública informaron que dichas resoluciones consisten en inhabilitaciones superiores a la que se impuso a la filial Constructora Norberto Odebrecht, las cuales no han surtido efecto por la suspensión concedida por el Poder Judicial de la Federación.
“Esa medida cautelar fue impugnada por la propia secretaría en defensa de los intereses del Estado mexicano. En este contexto, tengan la seguridad de que la SFP ha hecho lo que le corresponde, nada más de lo que le corresponde”, dio a conocer.
La dependencia interpuso una inconformidad por la resolución de dicho juzgado ante un tribunal colegiado en la Ciudad de México; sin embargo, el caso puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En tanto, se mantienen abiertos otros tres expedientes, uno de ellos es contra una empresa filial y otro contra un servidor público más.
