Con claroscuros en el cumplimiento de promesas y metas, se acerca a su fin el gobierno de la alternancia en Tamaulipas, el primero que llegó al poder emanado de un partido distinto al PRI.
La administración concluye en seis meses y lo hará con avances significativos en seguridad pero también con un repunte de violencia en su zona fronteriza, donde las familias aún claman paz.
Francisco García Cabeza de Vaca, el político que hizo historia al derribar 86 años de hegemonía priista, entregará un estado donde ya se transita con mayor seguridad en carreteras, pero aún no se cubre el compromiso de “recuperar la tranquilidad en todos los rincones del estado”.
El panista ofreció acabar con la violencia y corrupción que heredó de sus antecesores, pero seis años después su partido se juega la sucesión gubernamental de la mano de quienes combatió: los priistas.
Y es que Cabeza de Vaca obtuvo una cifra récord de 721 mil votos, tras una campaña donde sus frases “de que se van, se van” y “ni me doblo, ni me vendo” tuvieron eco, y el hartazgo ciudadano echó del poder a su hoy aliado.
Seguridad
Avances en seguridad, es lo que el mandatario estatal más presume, pues la entidad pasó de los primeros a los últimos lugares en secuestro y extorsión.
Entre los pendientes de la administración saliente, está el no haber alcanzado la meta de tener 7 mil policías estatales al final del sexenio; ahora se busca dejar 5 mil y actualmente se tienen 4 mil 300. El covid-19 vino a retrasar el reclutamiento.
En la vigilancia de las carreteras, han sido de gran ayuda las 25 estaciones Tam y la creación del grupo de Apoyo Carretero, así como Ángeles Azules Tam, que brindan auxilio mecánico a los usuarios.
Sin embargo, persisten ciertos puntos de alto riesgo, como por ejemplo las rúas Nuevo Laredo-Piedras Negras y Nuevo Laredo Monterrey, donde se han reportado desapariciones y enfrentamientos.
Otro de los aciertos es el C5 de Reynosa, con estándares internacionales y que opera 1,700 cámaras a lo largo de los municipios fronterizos, esto como parte de una inversión en infraestructura de seguridad por más de 25 mil millones de pesos, que incluye también complejos regionales en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Matamoros y la zona sur.
Entre los compromisos no cubiertos destaca que en el ámbito de la justicia, no se tiene un fiscal emanado de la sociedad civil como se prometió y tampoco ministerios públicos suficientes y debidamente capacitados.
Está pendiente además operar al 100% la creación de una base de datos de ADN a fin de identificar cuerpos localizados, pues miles de familias necesitan ayuda para encontrar a sus seres queridos desaparecidos. En este renglón ya se tienen los cimientos pero falta completar la alimentación del sistema.
En su balance realizado durante sus informes regionales, García Cabeza de Vaca subraya que de estar en el sótano en seguridad, hoy Tamaulipas se ubica entre las entidades más seguras del país y sostiene que la violencia en la frontera son hechos aislados.
Reporta un decremento del 28% de los índices delictivos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Empleo
Francisco García afirmó que mejorando la seguridad vendría más inversión privada y empleo, pero se está por debajo de la meta en este último rubro. Y es que Tamaulipas, no se ha logrado recuperar al 100% del impacto económico de la pandemia.
Según “México, ¿cómo vamos?”, organismo no gubernamental, de una meta de 32 mil 100 nuevos empleos formales generados acumulados al cuarto trimestre de 2021, se tuvieron 24 mil 473, lo que puso al estado en semáforo amarillo y en el sitio 16.
No obstante, el estado presenta un crecimiento económico superior a la meta, calculado en un 5.8% respecto al objetivo de 4.5% anual. Esto lo ubica en el quinceavo sitio nacional. También tiene semáforo verde en productividad (top 10), reducción de la pobreza laboral (12) y de la informalidad (9).
La iniciativa privada vio con buenos ojos que se cumpliera la promesa de eliminar el impuesto sobre tenencia vehicular, a partir de enero de 2019.
El gobierno asegura que es de los estados con mayor inversión extranjera directa y creación de plazas laborales y que esto ha contribuido a avanzar tres lugares en materia de competitividad nacional, ubicándose en el sitio 12 según el IMCO.
Desarrollo social
Francisco García Cabeza de Vaca recibió en 2016 el estado con un millón 300 mil personas en situación de pobreza y casi uno de cada tres tamaulipecos sigue siendo pobre, como al arranque del sexenio.
El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que Tamaulipas presentó en 2020, un millón 233 mil 943 habitantes en alguna condición de pobreza. Por lo tanto, el avance en el combate de este problema social fue mínimo.
De estas personas, 1 millón 098 mil 449 viven en pobreza moderada y 135 mil 494 en pobreza extrema, de acuerdo con los datos publicados por el organismo federal.
En su momento, el entonces secretario de Bienestar Social en el estado, Rómulo Garza reconoció que se ha sacado a pocos ciudadanos de esa situación.
La emergencia sanitaria ha profundizado los desafíos que enfrenta la política de desarrollo social en todos los ámbitos, principalmente en el ingreso, la salud, educación y alimentación de la población.
Pese al mínimo avance, Tamaulipas ha sido reconocido por el Coneval como uno de los estados con mayor número de acciones en materia de alimentación, salud y reactivación económica durante la pandemia; uno de ellos el programa de vacunación transfronteriza.
Combate a la corrupción
En su primer día de mandato, el gobernador aseguró que “se acabó la impunidad en Tamaulipas”. Prometió que “no habrá borrón y cuenta nueva” y que no se trataba de odios y rencores, sino de aplicación de la ley.
Usando una frase similar a la de Tomás Yarrington advirtió que en Tamaulipas “el que la hizo, la haga, y el que la haga, la va a pagar”.
En octubre de 2017 fue detenido por la Fiscalía estatal, el ex gobernador priista Eugenio Hernández Flores, acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Estados Unidos también lo reclamó con fines de extradición por asociación delictuosa, lavado de dinero y fraude bancario, habiendo obtenido dos amparos por cuanto hace a los delitos que se le imputan en la entidad.
El gobierno panista le imputó la compra fraudulenta de un terreno de mil 600 hectáreas en el puerto industrial de Altamira, a través de una red de prestanombres, superficie que pertenecía al patrimonio estatal.
Sin embargo, al ex gobernador priista, Egidio Torre Cantú no se le persiguió aún cuando en 2020 la administración de García Cabeza de Vaca dijo que se le investigaba por la presunta creación de una red de 52 compañías factureras que causaron un quebranto patrimonial al erario estatal por un monto superior a los dos mil millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera estatal, había solicitado órdenes de aprehensión contra Jorge Silvestre Ábrego Adame, secretario de Finanzas en aquel sexenio; Cristóbal Rosales, subsecretario de Egresos y Jorge Contreras Chio, jefe del departamento de pagos, deteniéndose solo a Rosales, para ser liberado en septiembre de 2021.
Otra promesa incumplida es un contralor estatal propuesto por cámaras empresariales y organismos de la sociedad civil. Por otro lado, los miembros del gabinete no presentaron públicamente su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, como lo anunció el mandatario al anunciar su decálogo de acciones en Tampico.
Deuda
El mandatario panista dijo haber recibido una deuda por 17 mil millones de pesos de los gobiernos del PRI y que calificó de irresponsable al desconocerse el destino de los dineros “derrochados”.
En una entrevista expuso que se revisarían los créditos y deudas, pues el pasivo dejaba a un gobierno atado de manos para llevar a cabo acciones. “Han endeudado generaciones completas”, se quejaba.
Al término de la administración, Cabeza de Vaca dejará una deuda a largo plazo por alrededor de 17 mil millones de pesos, según informó recientemente su secretaria de Finanzas Lourdes Arteaga.
En deuda pública, el semáforo del estado es verde, lo que significa que es una deuda sustentable. La tesorera dijo que la última gestión de crédito se realizó durante la pandemia, cuando se utilizaron recursos prestados, ante la caída de las participaciones y recursos propios. Con ello se construyeron y equiparon hospitales covid y se ejecutó obra pública.
En abril de 2020, el Congreso del Estado le autorizó al gobernador solicitar un crédito por 4 mil 600 millones de pesos para atender dicha emergencia. Se pagaría en un plazo de 20 años con cargo a las participaciones federales. El panista sumó tres líneas de crédito durante su gestión.
EAS
