El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado, Rodrigo Castillo Martínez, busca incrementar las penas para quien cometa el delito de extorsión hasta 12 años de prisión y 16 para quienes lo cometan vía telefónica. Actualmente la pena máxima es de ocho años de cárcel.
Esto luego de presentar una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo en la que plantea que el que con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero se le impondrá prisión de cuatro a 12 años y multa de 100 a 400 días.
Al responsable de la extorsión además se le aplicará el decomiso de los bienes ilícitamente obtenidos que obren en su posesión al momento de su detención y cuya propiedad no sea acreditada de manera fehaciente en favor de terceros.
Cuando el autor o partícipe sea servidor público o miembro de alguna corporación policial o agente de seguridad de empresa privada prestadora de ese servicio, en ejercicio de sus funciones, o que tengan acceso a bancos de datos personales y que los utilicen o los sustraigan para sí o para terceros, con el objeto de cometer el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades, la punibilidad se aumentará hasta el doble.
Adicionalmente, se le privará de su cargo y se le inhabilitará para desempeñar otro hasta por el máximo de la pena privativa de libertad y se le condenará al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La iniciativa también plantea que cuando la extorsión se cometa por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos, al sujeto activo del delito se le impondrá prisión de ocho a 16 años y multa de 500 a 1000 días.
Además de las penas señaladas anteriormente, la autoridad judicial durante el proceso, a petición fundada del Ministerio Público, podrá asegurar parcial o totalmente y en sentencia se decomisarán parcial o totalmente declarándose la extinción del dominio, respecto de los bienes que el sujeto activo haya sido poseedor, propietario o se haya conducido como tal, independientemente de que se hubieran transferido a terceros, quienes tendrán a salvo su garantía de audiencia para acreditar la legítima procedencia y buena fe de su adquisición.
Al día de hoy el Código Penal para el Estado de Hidalgo establece que el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un hecho o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de 25 a 250 días.
La iniciativa fue turnada por el presidente de la Mesa Directiva, Edgar Hernández Dañu a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.
