Las comisiones unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados aprobaron con 45 votos a favor, 18 en contra y una abstención el proyecto de reformas en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad.
Para dar cumplimiento a la sentencia con que la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de los artículos 61,62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de la Ley General de Educación, los diputados avalaron el dictamen para establecer la educación inclusiva con acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los educandos, al tiempo de eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.
Ello, después de realizar "un inédito proceso de consulta a personas con discapacidad, sus representantes y a las y los maestros que imparten la educación inclusiva y especial", como lo ordenó el Poder Judicial.
"El día de hoy damos cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 relativa al capítulo de educación inclusiva en la Ley General de Educación, concerniente a la consulta a personas con discapacidad en materia de educación inclusiva", señaló la legisladora morenista Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación.
No obstante, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) subrayaron que el dictamen retoma prácticamente sin cambios los artículos invalidados por la Corte y, en consecuencia, no cumple la sentencia ni pretende materializar la educación inclusiva, por lo que anunciaron su voto en contra.
La legisladora priista Ana Lilia Herrera indicó que, si bien se realizaron consultas para escuchar a los grupos vulnerables, "es un hecho que el dictamen recoge en su totalidad el texto de la ley aprobada en 2019; es decir, después de dos años de espera el resultado fue el mismo, con algunas adecuaciones de forma, pero no de fondo".
"No se destinan recursos, ni existe la intención real de materializar este decreto y garantizar una educación a las personas con discapacidad", acusó.
El diputado panista Román Cifuentes mencionó que su grupo parlamentario no acompañaría el dictamen, pues su redacción mantiene el incumplimiento de lo que ordena la Suprema Corte y no fueron tomadas en cuenta las personas con discapacidad.
Por Morena, la legisladora María Isabel Alfaro afirmó que "sí se escuchó a la gente y sí queremos trabajar en este proceso, porque México le debe mucho a las personas con discapacidad y hoy se está dando un paso importante".
ROA
