El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Carlos de la Fuente, declaró que si se destinaron 33.6 millones de pesos para el museo La Milarca, en vez de obras de drenaje pluvial, se cometió el delito de desvío de recursos, hecho que la Auditoría Superior del Estado (ASE) deberá revisar.
El diputado expresó que su bancada no solapará ninguna falta administrativa o desvío de recursos, y espera que la actual administración municipal dictamine si hubo una anomalía y que llame a cuentas al ex alcalde Mauricio Fernández.
“Ese sería un delito complicado, la ASE debería revisar que esto que está mencionando el Ayuntamiento de San Pedro sea válido, y de ser así que pongan las sanciones correspondientes. Si hay un delito ya no hay necesidad de comparecencia, si el delito venía etiquetado para una obra y se utilizó para otra, se llama desvío de recursos.
“Yo ahí haría un llamado al municipio de San Pedro para que solicite a la Auditoría que a la hora de hacer su revisión, nada más brincando el año, porque son recursos de este año, se enfoque directamente sobre esos expedientes, no solaparíamos ninguna falta administrativa, ni ningún desvío de recursos de un proyecto que fueron etiquetados hacia otro, porque para eso hay un proceso administrativo que tiene que autorizar la máxima autoridad municipal, que es el Ayuntamiento”, comentó el panista.
Notivox Monterrey publicó que la anterior administración de San Pedro, que encabezó como alcalde Mauricio Fernández, utilizó dinero etiquetado para obras de infraestructura de drenaje pluvial como gasto corriente a favor del proyecto de museos, por un monto de 33.6 millones de pesos.
Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos, comentó que el municipio deberá de proceder con la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior del Estado, para que determine si hubo o no desvío de recursos.
“Que lo haga ante la autoridad correspondiente (la denuncia) y que ésta determine si hubo desvío de recursos, mal uso de los recursos, no justificó o no obtuvo permiso para hacer este cambio; la Auditoría Superior del Estado debe de actuar en consecuencia, si fue un recurso federal, ante la Auditoría Superior de la Federación, y las instituciones penales que también pueden participar en esto”, explicó.
