La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) postuló a seis candidatas para dirigir la dependencia, se tratan de Amaranta Gómez Regalado, defensora de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual; Marcelina Bautista, fundadora del sindicato de trabajadoras del hogar y Fátima Gamboa Estrella, abogada feminista, defensora de los derechos de pueblos indígenas.
Al considerar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en una de sus conferencias matutinas que prefería postular a una mujer indígena, el organismo también postuló a Larisa Ortiz Quintero, secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México; Zenaida Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, y María Sánchez Álvarez, activista por los derechos de la comunidad indígena zoque.
En un comunicado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, la asamblea pidió que el nombramiento de la nueva titular del Conapred “sea el resultado de una amplia consulta, sea abierto e incluyente, y considere las voces de las organizaciones involucradas en el combate a la discriminación y el respeto a los derechos humanos”.
“Los aspectos fundamentales a fortalecer en el Consejo, es la forma de designar a su presidenta ya que el marco normativo vigente solo señala que esta atribución corresponde al jefe del Ejecutivo”, detalla el documento.
Asimismo detallaron que para dar “legitimidad y confianza a la ciudadanía”, deberá de establecerse como mínimo, “un proceso ordenado, transparente, que mandate la generación y publicación de un perfil idóneo, con participación ciudadana sustantiva y con rendición de cuentas efectiva”.
Agregaron que el perfil de la persona titular de Conapred “no solamente debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sino que debe estar caracterizada por la capacidad para intervenir y arbitrar sobre casos relevantes de discriminación en la sociedad; el liderazgo y autoridad para exhibir y sancionar actos y procesos discriminatorios de las autoridades públicas de todos los niveles; así como independencia para proponer políticas y conductas igualitarias y antidiscriminatorias; honestidad acreditada y capacidad de gestión de una institución pública que requiere ser reforzada”.
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