La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) alertó por la comisión de futuras anomalías por parte de los partidos políticos en caso de que la ciudadanía siga con la idea de querer suprimir el financiamiento público a los mismos.
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En entrevista, Santiago Nieto, titular de la Fepade, sostuvo que sería "irresponsable" pedir el retiro total del financiamiento público ya que se pueden infiltrar recursos de procedencia ilícita provenientes por ministros de culto y empresarios, así como provocar que las autoridades federales, estatales o municipales desvíen recursos y apoyos sociales para este tipo de causas.
Dicha situación, consideró, pondría en riesgo el proceso electoral del 2018.
"Creo que todos estamos de acuerdo en un discurso en favor de reducir el financiamiento de los partidos político, pero creo que es irresponsable decir que se suprima el financiamiento de los partidos.
"Creo que es importante plantear que, ante la supresión del financiamiento público, podemos correr el riesgo de que el financiamiento ilegal de la Federación, de los estados y de los municipios sea condicionado a programas sociales, a peculado electoral, o simplemente algunos recursos provenientes de fuentes ilegales (como lo son) ministros de culto, empresariado en los términos no señalados por la norma, recursos desde el extranjero o de procedencia ilícita pueden ser un riesgo para el proceso electoral", dijo.
El funcionario electoral federal resaltó que otra de las prácticas que han detectado es la creación de empresas fantasma mediante las cuales los gobiernos estatales y municipales aportan para apoyar campañas políticas.
"Por otro lado está el caso de las empresas fantasma por medio de las cuales los gobiernos estatales y municipales desviaban recursos para efecto de las campañas electorales", refirió.
En este sentido, ejemplificó que actualmente se encuentran investigando a la presidenta del Congreso local del Estado de Chihuahua por estar presuntamente involucrada en la retención de salarios a trabajadores para aportarlos a campañas políticas.
Al igual que éste, adelantó que también existen otros casos similares en 11 Estados de la república que están siendo investigados por la Fiscalía Electoral.
