La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió al Congreso de Nuevo León que realizará un análisis minucioso al decreto de reforma de la Ley Estatal de Salud y de hallar aspectos de inconstitucionalidad promoverá la acción legal respectiva contra la objeción de conciencia.
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El documento fue enviado por María del Rosario Piedra Ibarra, comisionada presidenta de la CEDH y leído durante la sesión ordinaria del Poder Legislativo sobre la reforma aprobada el pasado 15 de octubre.
Durante la lectura del oficio hecha por la diputada Celia Alonso, establece que el organismo que encabeza no se opone contra el ejercicio de objeción de conciencia, pero que existe una acción de constitucionalidad.
"Respecto del cual se presentó la citada acción de inconstitucionalidad 54/2018 pendiente de emitir sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, razón por la cual en el supuesto en el que el dictamen se promulgue o se publique en el Periódico Oficial del Estado, ya sea en sus términos o con observaciones del Ejecutivo local de Nuevo León.
"Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos realizará un análisis minucioso al decreto de reforma de la Ley Estatal de Salud y de encontrar aspectos de inconstitucionalidad promoverá la legal acción respectiva", señaló la diputada.
Es importante destacar que con relación con el tema de objeción de conciencia, agregó, la CNDH ha presentado las acciones de inconstitucionalidad 54/2018 y 107/2019 mediante las cuales se ha argumentado y fundamentado la postura institucional en este asunto precisando que este organismo de ninguna forma se opone del ejercicio de objeción de conciencia.
"Sin embargo, dicha legislación debe realizarse en el estricto marco constitucional y convencional existente de modo que no se altere el trazo del diseño del sistema constitucional de protección y garantía de los derechos fundamentales", indicó Alonso.
La CEDH señala que la adición del Artículo 10 bis a la Ley General de Salud establece una restricción a la garantía efectiva del derecho de la protección a la salud.
"El personal médico y de enfermería puede excusarse de participar en la prestación de servicios de la salud por lo que se considera que vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a los principios de legalidad y supremacía constitucional", señala el documento.
