El surgimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobado este jueves, pero que se estima entre en vigor dentro de 120 días, pretende alcanzar la imparcialidad en la impartición de justicia, en la revisión de cuentas públicas y de forma de administración de las autoridades, y de mejor justicia electoral.
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Adicionalmente genera a los ciudadanos, el derecho de demandar penalmente al gobernador del Estado, alcaldes, diputados, jueces y a servidores públicos de elección popular y otros designados en el Congreso del Estado, al desaparecer el fuero.
En términos generales, este esquema le resta facultades directas a la autoridad estatal en materia de impartición de justicia, de combate a la corrupción de justicia electoral y en los esquemas de revisión de cuentas públicas y manejos de los recursos.
Lo anterior derivado de las siguientes figuras, que funcionarán de manera autónoma, es decir, con recursos destinados por el Congreso del Estado y cuyos titulares serán nombrados por el Poder Legislativo y un comité ciudadano de evaluación y selección, es decir, ya el Gobierno Estatal no tendrá participación en la designación:
Fiscal General Autónomo (que sustituye al procurador de Justicia), Fiscalía Anticorrupción, Auditoría Superior del Estado, Magistrado de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y la Fiscalía Especial en Delitos Electorales.
Con este nuevo sistema, se pretende que la procuración de justicia, y la justicia electoral y el servicio público en general tengan una mejora sustancial, ya que los titulares de los cargos no tendrán que rendir cuentas a un jefe o autoridad superior, ni tampoco le deberán el nombramiento.
También pierden el fuero quienes presidan órganos constitucionalmente autónomos, como la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal Electoral, por lo que si un ciudadano se siente afectado por la acción de ellos, ya puede demandarlos ante el ministerio público, al igual que los servidores públicos de elección popular.
El diputado panista, Hernán Salinas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien encabezó los trabajos de elaboración del dictamen que conformó la reforma electoral, que crea este sistema estatal anticorrupción, precisó que este Sistema Estatal Anticorrupción implica que ahora el ciudadano pueda tener la tranquilidad de que los funcionarios públicos pueden ser tratados igual que cualquier funcionario, al perder la protección del fuero.
"Lo que implica para los poderes, es que de entrada la eliminación del fuero aplica para todos los poderes; los funcionarios del poder judicial, los funcionarios del poder Legislativo, los funcionarios del poder Ejecutivo y no sólo eso, también los funcionarios de los órganos constitucionalmente autónomos, como la Comisión de Transparencia, la Comisión Estatal Electoral, todos estos organismos que estaban dentro de la figura del fuero".
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"Para los órganos constitucionalmente autónomos ahora el Congreso tendrá una injerencia en el nombramiento de los órganos de control interno de los organismos constitucionalmente autónomos, tendremos que ratificar a los contralores o a los auditores internos de cada uno de los órganos, ¿qué implica?, evidentemente hay una nueva facultad que anteriormente tenía el poder Ejecutivo sobre todo en el nombramiento del Fiscal General, del Fiscal Anticorrupción, donde ahora ese nombramiento recaerá de manera prioritaria, de manera o mayoritaria en este Congreso, pero junto con estos comités de selección integrados por ciudadanos", declaró.
