Cinco regidores del municipio de San Pedro Garza García acudieron en calidad de testigos a una Acción Penal Privada ante la abogada contratada por el edil Ernesto Chapa Calvillo, quien acusó de difamación a su homólogo Armando Aguilar Valdez.
Sin embargo, el principal involucrado Aguilar Valdez, presidente de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Cabildo, quien acusó a su compañero panista de extorsión, no acudió a esta invitación ante el equipo de abogados. Tampoco acudió el secretario del Ayuntamiento, José Dávalos Siller.
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Los regidores que acudieron al llamado de la Acción Penal Privada son los independientes Marcela Dieck Assad y José Mario Garza Benavides, y los panistas, Karla Flores Hernández, Brenda Tafich Lankenau y Juan Gabriel Ramírez Conde.
“Es una Acción Penal Privada, por lo que van a comparecer, donde la abogada funge como Ministerio Público para recabar la información y posteriormente pasarán a un juez de parte.
“Todos fueron citados y asistieron cinco regidores a la solicitud, es la primera etapa, ellos fueron invitados y van como testigos”, indicó Chapa Calvillo, integrante de la comisión y edil panista.
El pasado 12 de mayo, el independiente, Armando Aguilar, denunció una supuesta extorsión de su homólogo Chapa, al exigir supuestamente la agilización del trámite del desarrollo multifamiliar Ysabella, por lo que el edil albiazul lo acusó de difamación.
Fue hasta el 26 de junio, cuando el panista anunció la contratación de un equipo de abogados para denunciar penalmente a Aguilar Valdez por el presunto delito de difamación, ya que lo acusó de extorsión.
El edil panista dijo estar seguro de que jamás cometió un ilícito y menos una extorsión por el análisis del caso del proyecto inmobiliario Ysabella.
“El hecho de votar en abstención no implica ninguna extorsión, uno puede votar según su criterio personal y profesional y no se afectó en nada ningún dictamen.
“Lo del inicio era un reclamo del poco profesionalismo de la secretaría al mantener información oculta por largo tiempo, afectando derechos ciudadanos. Buscamos trabajar en conjunto para avanzar en trámites”, señaló Chapa Calvillo.
Por su parte, Dávalos Siller indicó que acudiría formalmente cuando alguna autoridad como la Fiscalía así se lo advierta y no a una invitación de carácter no oficial.
