Más de 300 juristas, abogados y politólogos de universidades, organizaciones e instituciones públicas de América Latina y Europa expresaron su más enérgica condena y repudio al linchamiento del ex asesor parlamentario Daniel Picazo en Huauchinango, Puebla, al tiempo de exigir justicia pronta que lleve a la identificación y captura de los asesinos.
Ex compañeros de Picazo en el Máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (2018-2019) en Madrid, España, los firmantes del comunicado difundido en redes sociales sostuvieron que el abogado de 31 años de edad fue víctima de la “violencia desbordada” en una zona donde el Estado está “completamente rebasado”.
“Daniel fue una víctima más de la violencia desbordada que se vive en diferentes partes de México y América Latina, zonas en las que el Estado se encuentra completamente rebasado. Aunque hay diferentes versiones de lo sucedido, es un hecho que el Estado no estuvo presente, ni hubo elementos de seguridad pública que protegieran a Daniel y le dieran socorro frente a sus agresores”, puntualizaron.
Señalaron que el ex asesor del PAN en la Cámara de Diputados fue linchado y quemado cuando aún se encontraba con vida, “en lo que aparentemente se ha convertido en una práctica recurrente en el estado de Puebla”.
Los catedráticos, profesores y estudiantes de España, Italia, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y México, entre otros, subrayaron que no existe ninguna razón para justificar la muerte de Daniel Picazo y por ello consideraron imperativo el esclarecimiento de los hechos.
“De igual manera, la garantía de una justicia pronta y material que lleve a la identificación, captura y judicialización de los asesinos de Daniel Picazo, quienes, a diferencia de nuestro compañero, sí representan un peligro para la sociedad”.
Advirtieron que estarán atentos y vigilantes de las investigaciones que realice el Estado mexicano en lo general y el de Puebla en lo particular, e instaron a las autoridades administrativas y judiciales a recabar y legalizar todos los elementos materiales probatorios que conduzcan a la verdad sobre dichos acontecimientos.
