De acuerdo a Sofía Velasco Becerra, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las quejas por tortura se mantienen en la entidad, y en lo que va del año ya suman 16 denuncias por esta causa.
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Esto lo señaló la funcionaria al presentar las cuatro recomendaciones que giraron este día, todas ellas hacia la Procuraduría de Justicia del Estado de Nuevo León, y dos de ellas por tortura.
Cabe recordar que el año pasado se giraron 6 recomendaciones por tortura contra la Procuraduría de Justicia del Estado.
“El día de hoy estamos emitiendo cuatro recomendaciones todas van dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, dos son en materia de tortura y otras dos en procuración de justicia por tratarse de averiguaciones previas de personas desaparecidas”, informó Velasco Becerra.
Las recomendaciones dirigidas al procurador son por violaciones graves a los derechos humanos, como tortura, detenciones arbitrarias por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones en los años 2011 y 2013 en contra de dos personas de la tercera edad.
“Generando en ambos casos, a través de métodos de tortura por asfixia, traumatismo y amenazas, un trastorno por estrés traumático en las víctimas”, comentó la presidenta de la CEDH.
Con el fin de evitar la impunidad de estos dos actos de tortura, la CEDH recomendó se realicen las investigaciones administrativas y penales de quienes resulten responsables.
Además, la CEDH recomendó profesionalizar al personal de la PGJNL en derechos humanos y exigió la eliminación inmediata de la práctica de detenciones arbitrarias y del uso excesivo de la fuerza.
Por otra parte, las otras dos recomendaciones giraron en torno a que la Agencia del Ministerio Público número uno del tercer distrito judicial en el estado, con residencia en San Nicolás de los Garza, no realizó de manera correcta su trabajo en casos de personas desaparecidas.
“No llevó a cabo una pertinente investigación de personas desaparecidas, ya que dejó de actuar en periodos prolongados provocando una inactividad en la investigación”, precisó Velasco Becerra.
Por dicha inacción de la autoridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la autoridad la integración exhaustiva de las averiguaciones previas hasta su legal conclusión, que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa, y que se capacite al personal de la Procuraduría.
