Policía

Vinculan a proceso a exalcalde de Tepeji del Río por peculado y uso ilícito de facultades

Al exfuncionario se le acusa de presunto daño al erario por más de 40 millones de pesos durante su gestión.

El exalcalde de Tepeji del Río, Samuel N, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, tras causar un presunto daño al erario por más de 40 millones de pesos durante su administración.


La decisión fue dictada por un juez de control tras analizar los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público, cuyos integrantes pertenecen a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, encargada de atender casos de corrupción de alto impacto.

Desvío de recursos públicos durante su gestión

Según la investigación, entre mayo y septiembre de 2022, el exedil solicitó y obtuvo recursos extraordinarios de la entonces Secretaría de Finanzas Públicas del gobierno estatal, los cuales debían destinarse a fines específicos. Sin embargo, dichos recursos habrían sido usados para firmar contratos sin la autorización del Cabildo municipal, en contravención de la ley.

Estas acciones provocaron un daño directo al patrimonio público de Tepeji del Río, por un monto de 40 millones 168 mil 926 pesos.

Tras la denuncia y las indagatorias, se obtuvo una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el pasado 31 de julio. El exfuncionario fue detenido y presentado ante la autoridad judicial.

Imputado enfrenta pena de hasta 20 años

Durante la audiencia inicial, el exalcalde ejerció su derecho a la duplicidad del término constitucional, pero el juez ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos.

Este martes 5 de agosto se dictó la vinculación a proceso, y se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Mientras avanza el proceso, el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, además de la obligación de resarcir el daño causado al erario.


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