Un juez federal sentenció a 140 años de prisión a cuatro ex agentes de la Procuraduría General de la República que en abril de 2016 exigieron un millón de pesos a 15 mujeres extranjeras que permanecían retenidas en un inmueble de la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.
Los ex elementos de la Policía Federal Ministerial fueron consignados por la Visitaduría General de la PGR y en juicio oral fueron encontrados responsables del delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
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Por las agravantes del delito, que se cometió con violencia, por un grupo mayor a dos personas que al momento de los hechos pertenecían a una institución de procuración de justicia, se dictó la sentencia condenatoria por 140 años de presión a los cuatro acusados, así como una multa de 13 mil días de salario mínimo general vigente, equivalente a 949 mil 520 pesos a cada uno.
El año pasado el agente del Ministerio Público Federal descubrió que además de sus agentes Misael Rojas Vargas y Antonio Javier Rivera Narváez, en este delito también estaban involucradas personas que laboraron en la PGR.
Se trata de Manuel Carmona y Manuel Villafuerte Frag, de quienes se sabe ingresaron al domicilio donde estaban retenidas las extranjeras, ante quienes se identificaron con credenciales de la PGR.
La Representación Social de la Federación localizó en su base de datos, que Carmona y Villafuerte pertenecieron a la institución, pero causaron baja en 2007 y 2008, porque ya habían estado relacionados en delitos de extorsión.
En su momento, el ex visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, reveló que los implicados exigieron un millón de pesos exigieron por la liberación de las 15 extranjeras.
El ex funcionario agregó que las mujeres de Venezuela, Colombia y Argentina, ingresaron legalmente al país, en calidad de turistas.
La PGR ejerció su facultad de atracción del caso y comprobó que el personal de su institución sí estuvo asignado a una investigación contra la trata de personas, pero el oficio que mostraron a los policías capitalinos había expirado cuatro semanas antes, es decir, no tenían motivo para estar en ese lugar.
Los ex agentes, amenazaron a las mujeres con entregarlas con las autoridades migratorias si no pagaban el millón de pesos que se les exigió.
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