Pobladores totonakus de la comunidad de San Andrés, en Tlacuilotepec, negaron la licencia social para que el gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada atraviese por su territorio y denunciaron que tras este rechazo han sido acosados por personal de la Secretaría de Energía del gobierno federal y excluidos de algunos programas sociales.
Los indígenas indicaron que el pasado 30 de diciembre acudió a esta población Carmen Álvarez Vázquez, quien les informó ser representante de la SENER, y se comprometió con ellos a respetar la decisión del pueblo sobre la instalación de la tubería de más de 260 kilómetros que transportará gas natural desde Estados Unidos para una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Tula, Hidalgo.
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Incluso, dijeron, les ofreció que si la mayoría de los habitantes de San Andrés negaba el permiso para el paso del gasoducto, ella dejaría de ir a la comunidad y no habría represalias en su contra. Sin embargo, ha sucedido lo contrario porque desde que en la votación ganó el rechazo al megaproyecto, han sido amenazados para que cambien su decisión y los viajes de la funcionaria al lugar se han incrementado.
“La licenciada Carmen ha seguido insistiendo en que la obra va a pasar y que si nosotros la aprobamos nos construirán un auditorio o techarán la cancha del pueblo. Ya se sometió a votación, se levantó el acta y ganamos los que dijimos no, con 38 votos, contra 37 de los que dijeron sí”.
El pueblo está dividido, añadieron, y tanto la funcionaria de SENER, como el presidente municipal, Alejandro Guzmán García, ha insistido en que la gente firme a favor. “Hasta ahorita no se ha vuelto a hacer otra reunión. Pero ellos sólo buscan al juez de la comunidad Eusebio Antonio Francisco y vemos que está más a favor del gasoducto que de la gente”.
“Además, como estuvimos en contra del gasoducto nos ignoraron en el programa de recámaras adicionales que repartieron, también tenemos necesidad. Desde el principio nos señalaron que no estamos de acuerdo con la empresa TransCanada y no nos toman en cuenta”, denunciaron.
“El Juez también nos ha dicho que no tenemos derecho a ese programa porque hemos estado en contra del dichoso gasoducto”, detallaron.
“Somos varios los que quedamos fuera del programa social, pero es injusto porque no deben ser condicionados ni usarse como presión para que la gente deje de defender su territorio”, agregaron.
“No nos pueden negar el derecho a defender lo que es nuestro. Nosotros damos la cara. Nos ponemos al frente de la comunidad, a la naturaleza. Estamos sufriendo ya de escasez de agua. Sólo nos la dan cada tercer día porque ya no es suficiente aunque en el pueblo somos pocos. El manantial está lejos, por eso no queremos que el megaproyecto venga a afectar nuestro territorio”, indicaron.
