El estado de Guanajuato registró pérdidas por 380 mil millones de pesos derivado de la violencia que se registró durante el 2018, siendo la segunda entidad en el país que más pérdidas registró el año pasado solo superado por el Estado de México según reveló el Índice de Paz México elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
De acuerdo al estudio hecho público este martes en la página de internet del IEP la entidad fue la que registró el peor deterioro en su calificación al caer 8 posiciones pues en 2015 se encontraba en el 19 para pasar en 2018 a la posición número 27 entre las 6 entidades peor calificadas.
De acuerdo al IEP el costo por persona de la violencia en el estado del Bajío fue de 53 mil 882 millones 380 mil pesos. El crecimiento de lo que a los guanajuatenses les costó la violencia creció un 100 por ciento en 4 años al pasar de 190 mil millones en 2015 a 380 mil millones en 2018.
Pero en contraparte al costo que ha tenido la violencia la inversión para combatirla fue en sentido contrario pues a pesar de presentar índices elevados en el número de homicidios el gobierno no destinó presupuesto de forma proporcional.
“El patrón de gasto federal en seguridad interna y justicia por estado contrasta significativamente con los niveles de violencia, de acuerdo con las cifras estatales que recopila el IPM. Estados como Guerrero, Chihuahua y Guanajuato experimentan altos niveles de violencia, pero presentan un gasto per cápita por debajo del promedio en seguridad interna”
En cuanto a homicidios “Guanajuato registró el mayor incremento del país el año pasado, ya que su tasa creció 127%, al pasar de 23.7 a 53.6 homicidios por cada 100,000 habitantes. Por lo que ahora está en la categoría ´extrema´” además que Tamaulipas y Guanajuato fueron los estados más afectados por homicidios múltiples en 2018, revela el documento.
Guanajuato junto con Chihuahua, Quintana Roo, Colima, Guarrero y Baja California registraron aumentos en las tasas de delitos cometidos con armas de fuego, homicidios y crímenes de la delincuencia organizada según el IEP.
“El análisis destaca que los estados con los menores niveles de paz se están volviendo menos pacíficos y que incluso los estados relativamente pacíficos rápidamente pueden volverse inestables. Además, cuando los estados se deterioran rápidamente tienden a hacerlo en todos los indicadores, a excepción de cárcel sin sentencia”.
Según el Índice de Paz México los dos estados con los mayores deterioros, Quintana Roo y Guanajuato, duplicaron sus tasas de homicidios en 2018, y agrega que hoy, ambos se ubican entre los seis estados con las tasas de homicidios más altas del país.
“El aumento en las tasas de homicidios y delitos cometidos con armas de fuego, sumado al incremento en las tasas de delitos relacionados con narcóticos de los cinco estados, podría ser indicio de una mayor presencia de carteles y pugnas entre pandillas (…) Guanajuato ha presentado un deterioro en su calificación general año con año desde 2015.
También destaca los ataques a autoridades entre los que se encuentran elementos de la policía y funcionarios que poco motivan a nuevos elementos a ingresar a alguna corporación pese a los incrementos en salarios y prestaciones.
“En 2017, el estado contaba con un total de 2,622 elementos de seguridad pública, unos 43.5 por cada 100,000 habitantes, por contraste con la media nacional de 176 por cada 100,000 habitantes. Hasta ahora no han surtido efecto los incentivos para que más personas se incorporen a la policía, como aumento salarial y más prestaciones, debido a los peligros que entraña el trabajo en la policía”.
¿Qué es el Índice de Paz?
El Índice de Paz México (IPM) 2019, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), proporciona una medición integral de los niveles de paz en México. El IPM se basa en la metodología del Índice de Paz Global, la más reconocida medición de la paz en el mundo, que ha sido elaborado por el IEP cada año desde 2007. Esta es la sexta edición del IPM y en ella se presentan las principales tendencias, los modelos y los factores que impulsan la paz en México, incluido un análisis desde la perspectiva de la Paz Positiva, que estudia ocho estructuras sociales y destaca áreas importantes para el diseño de políticas públicas.
El informe también realiza una estimación del impacto económico de la violencia sobre la economía mexicana, y hace hincapié en la necesidad de aumentar la capacidad y la inversión en el sistema de justicia penal. Por último, aporta evidencia cuantitativa para ayudar al desarrollo de políticas públicas orientadas a crear una sociedad más pacífica.
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