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Piden a Procuraduría de CdMx consignar a Ernesto Canales

Sólo por su alto cargo en el gobierno de Nuevo León se explica que las autoridades nada más hayan ido contra su socio, dijo el abogado de Paula Cusi, Gabriel García Peña.

Al asegurar que no es la primera vez que las autoridades encubren a un alto funcionario, la defensa de Paula Cusi, ex esposa de Emilio Azcárraga Milmo, pidió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que determine la consignación de Ernesto Canales Santos, subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción de Nuevo León, porque también cometió el delito de administración fraudulenta.

El abogado Gabriel García Peña reprochó que se girara una orden de aprehensión contra César Gerardo Francisco García Méndez, socio de Canales, pero no contra el funcionario, quien también está involucrado en el caso.

“Los dos realizaron los mismos actos de manera conjunta, los mismos delitos y conductas, (se trata de) la misma víctima, son los mismos hechos los que se han investigado y que constan en la averiguación previa”, acusó.

En entrevista con Azucena Uresti para Notivox televisión, el litigante cuestionó: “¿He de tomar en cuenta el cargo que tiene Canales como subprocurador? Ésa es una distinción importante, no sería la primera vez en el país que las autoridades encubren a un alto funcionario que ha delinquido”.

Reiteró que tanto García Méndez como Canales Santos se pusieron de acuerdo para obtener “un lucro indebido contra el patrimonio de la señora Cusi”, e incluso dijo que el subprocurador firmó un contrato de servicios de mercadotecnia, que jamás se realizó, para sacar el dinero del país.

Atribuyó a la distinción legal que se hizo entre ambos “copartícipes” al cargo “importante” que ocupa Canales Santos en la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

Por ello pidió al procurador de la Ciudad de México que, con base en la averiguación previa, determine la consignación del funcionario atendiendo al principio de derecho que señala que “donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición”, ya que “si ambos realizaron las mismas conductas no nos deja claro que solo se haya consignado a uno”.

García Peña señaló que por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la ex esposa de Azcárraga Milmo ambos sujetos pueden alcanzar hasta 11 años de prisión.

Dijo que no hay duda de que los 6 millones de dólares están en los bolsillos de ambos, tal como lo manifestó el fiscal en su comparecencia ante el Congreso del estado.

El 31 de marzo de 2015, el funcionario admitió durante una entrevista con Uresti que la demanda en su contra fue presentada en 2012 ante la procuraduría capitalina, pero que se trataba de “acusaciones falsas” y que, hasta ese momento no se había probado ninguna culpabilidad.

Sin embargo, días después, frente a los legisladores estatales, reconoció que sí recibió dicho monto como pago del proceso en el que defendió a Cusi contra Televisa, pero rechazó que el cobro se haya realizado de manera indebida.

La denuncia de hechos por un supuesto fraude de seis millones de dólares quedó radicada el 26 de marzo de 2012 en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la procuraduría capitalina; en ella reza que Canales y García, sin “consentimiento ni conocimiento” de Cusi se apoderaron y dispusieron de la cantidad que Grupo Televisa le entregó a la ex pareja del empresario.

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