La Procuraduría General de la República solicitó a la Secretaría de la Función Pública que inicie un procedimiento administrativo en contra del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio y seis personas más.
Lo anterior debido a su actuación el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del río San Juan en Cocula, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con la PGR, "no hubo aportación de evidencia, no se sembró nada, hay sólo faltas administrativas".
También se explicó que Zerón al ser un servidor de confianza y de mando, "le compete a la Función Pública sancionarlo con estricto apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Lo que podría derivar en una amonestación hasta la inhabilitación en sus funciones.
También se investiga los números telefónicos encontrados en una libreta del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, que corresponden a los mismos números que utilizaba Omar García Harfuch, actual titular de la AIC, cuando estaba en la Policía Federal.
Así lo dieron a conocer el subprocurador de Derechos Humanos y el fiscal para el caso Iguala, Sara Irene Herrería y Alfredo Higuera, respectivamente.
Después de una reunión de tres horas en la PGR, los padres de los normalistas dijeron sentirse decepcionados porque el acuerdo que se propone relacionado con la actuación de Tomás Zerón no se pretende dar vista al agente del Ministerio Público Federal, sino que solo quede en una responsabilidad administrativa.
VJCM
