La Comisión Estatal de Derechos Humanos adelantó que se emitirá en breve una recomendación al Gobierno del Estado por la mala actuación e incluso negligencia de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso de la violación y homicidio de cuatro niñas y una mujer entre 2010 y 2014.
Las fallas de las autoridades radican en una mala integración de uno de los expedientes, por las cuales, el homicida, Filiberto Hernández Martínez, recibió auto de libertad.
Jorge Vega Arroyo, presidente de la CEDH detalló que aún se tienen otros cuatro casos abiertos en contra de Hernández Martínez.
La recomendación que está por emitirse le exigirá a la Procuraduría General de Justicia que investigue de nuevo y reúna más pruebas para aportarlas en los casos abiertos, a fin de que no se vuelva a presentar la misma historia.
El ombudsman potosino dijo que es necesario que se vuelva a investigar todos los casos de las cinco víctimas porque está claro que hubo irregularidades en la integración de los expedientes consignados al juez primero del ramo penal con sede en Ciudad Valles.
Precisó que en la recomendación se abordará lo relacionado con las necesarias sanciones a elementos de la Policía Ministerial y personal del Ministerio Público, pues no sólo no atendieron bien el caso, sino que es probable que haya habido dolo.
Vega Arroyo destacó que la recomendación también va a tocar a personal del Centro de Atención a Víctimas del Delito, transformado hoy en Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito, toda vez que no apoyaron debidamente el proceso legal ni dieron el respaldo legal oportuno a las familias de las víctimas.
Este martes, Sandra Campuzano, mamá de Adriana Martínez, explicó a las cámaras de Notivox Televisión que en el homicidio de su hija, Filiberto Hernández quedó absuelto el 11 de diciembre porque el magistrado dijo que no hay pruebas suficientes, puesto que "solo está la confesión de él.
"El Ministerio Público nunca aportó pruebas, el expediente de mi hija es de de 2 mil hojas o más y nunca aportó pruebas, en los demás casos hizo lo mismo, no hizo las indagaciones.
"Las autoridades cometieron muchas omisiones, no investigaron como se debió, en todos los casos hay irregularidades. El asesino llevó a los policías y periodistas a donde tiró los cuerpos, y ahora resulta que para las autoridades no hay pruebas suficientes para que lo sentencien", explicó Canpuzano.
Jorge Vega Arroyo destacó que desde que empezaron las desapariciones de las niñas las autoridades estatales no actuaron con oportunidad ni atendieron el caso con responsabilidad, pues incluso, las familias de las víctimas fueron las que buscaban las pruebas contra el asesino en lugar de que lo hiciera la Procuraduría.
Familiares de las víctimas fueron las que encontraron los cuerpos de las niñas luego de que Filiberto Hernández Martínez, ex militar y ex catequista, confesó sus crímenes.
Por último, indicó que como el proceso contra Filiberto Hernández se mantiene abierto, se solicitará a las autoridades que perfeccionen las averiguaciones y aporten más pruebas, porque la confesión del asesino no es suficiente.
ERM
