Hasta 70 mil pesos deben pagar mensualmente agricultores de Michoacán por el “cobro de piso” que imponen grupos del crimen organizado, sobre todo remanentes de La Familia y de Los Caballeros Templarios.
Víctimas de este delito de alto impacto dijeron a Notivox que los delincuentes aumentaron incluso la “cuota” de las extorsiones que anteriormente eran de 30 mil pesos, en promedio, en agravio de pequeños productores, sin que el gobierno de Silvano Aureoles haya atendido el problema.
Francisco Valle, coordinador de la Mesa de Seguridad en los municipios de Tierra Caliente, dijo que los agricultores de limón son los más afectados por el “derecho de piso” que se fija sobre la producción, lo que incrementa costos y precios.
Explicó que una de las principales exigencias de empresarios en la zona de Lázaro Cárdenas es la conclusión del Centro de Control y Comando C5, así como el incremento en el número de policías.
Debido a la falta de atención a este delito por parte de autoridades estatales, algunos de los afectados han tenido que recurrir a las fuerzas federales para recibir apoyo.
Respecto al “cobro de piso”, Valle comentó: “Hay grupos que se acercan con los agricultores o jornaleros desde las fechas de corte de limón, muchos se mantienen de esa actividad, muchas familias humildes y también afecta a productores y empacadores que ven mermada la comercialización de sus mercancías.
Sostuvo que los sectores de mayor marginalidad en Michoacán son el principal “caldo de cultivo” de grupos delictivos que se disputan el control de actividades ilícitas.
Acusó que Aureoles no ha tenido acercamiento reciente para atender el problema aun cuando es público, además de que mucha gente no denuncia formalmente por el terror que impone el crimen.
Comentó que el cobro de extorsiones también ha generado ingobernabilidad y temor entre empresarios, comerciantes y productores, que para evitar ser víctimas de los cárteles dejan sus negocios.
Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, consideró que las extorsiones y el “cobro de piso” son un grave problema que atenta contra la seguridad de las familias y ataca la economía, lo que ocurre no solo en Michoacán sino en otros estados agrícolas, como Tamaulipas.
