La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrece una recompensa de hasta 300 mil pesos a quien aporte información que ayude a ubicar y detener a René Palomares Parra, ex presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (SUTEyM).
El señalado se encuentra prófugo tras ser señalado como presunto responsable de un ataque ocurrido al interior de las instalaciones del Sindicato en la capital mexiquense, donde resultó herido su hermano y dirigente del SUTEYM en la sección Naucalpan, Tomás Alberto Palomares Parra, mientras que el fotógrafo Luis Fernando, conocido como Peruzzi, perdió la vida.
¿Cómo fue el ataque?
El 14 de agosto de 2024 se registró la agresión dentro de la Casa del Servidor Público en Toluca, durante un evento sindical que reunió a agremiados de distintas secciones.
En ese momento un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Tomás Alberto Palomares Parra; los disparos también alcanzaron al fotógrafo Peruzzi. Tomás fue trasladado a un hospital donde sobrevivió pese a las lesiones; sin embargo, Luis Fernando murió mientras recibía atención médica.
Minutos después el agresor fue identificado. Se trata presuntamente de René Palomares Parra, quien habría sostenido diferencias con Tomás Alberto. Desde entonces no se le ha vuelto a ver, por lo que la Fiscalía mexiquense autorizó la recompensa por su captura.
Ofrecen recompensa de 300 mil pesos
El 19 de agosto se hizo oficial la recompensa de hasta 300 mil pesos por René Palomares Parra. De acuerdo con la media filiación difundida por la Fiscalía, tiene 52 años, mide 1.70 metros, es de complexión robusta y cabello corto con canas y entradas prominentes; no se reportaron señas particulares.
Además de Palomares, la Fiscalía ofrece recompensas por otros 7 presuntos responsables de diversos delitos: Jorge Jesús Juárez Santa Rosa; Armando Montoya Godínez, alias El gordo; Edgar Adrián López Santana, alias El Manco; José Javier Mendoza Salazar; Ever Eduardo Castañeda Jiménez; Eduardo García González; y Bernardo García Martínez.
Servidores públicos no participan en las recompensas
El acuerdo establece que las recompensas no aplicarán a servidores públicos relacionados con la procuración de justicia o la seguridad pública. Los datos de quienes aporten información, así como los expedientes e investigaciones que se generen, serán clasificados como confidenciales conforme a la legislación en materia de seguridad y transparencia.
El documento instruye al Oficial Mayor de la Fiscalía a garantizar los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento del acuerdo. También ordena a la Fiscal Central Jurídica realizar los trámites para su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno y notificarlo a la Fiscalía General de la República, a las procuradurías y fiscalías estatales, así como a las instancias federales y estatales correspondientes.
PNMO
