Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Francisco Javier Pelayo Aguilar, el abandono de viviendas –donde se han descubierto fosas clandestinas- se ha dado por la falta de seguridad y servicios públicos en fraccionamientos donde se construyeron.
Recordó que le corresponde al estado y municipio brindar esa seguridad. “Si no hay seguridad las personas prefieren moverse a ser sujetas de un delito”, destacó.
Pelayo Aguilar explicó que el proceso jurídico para recuperar esas casas habitación lo realizan las instituciones bancarias y el Infonavit al ser los dueños de esa cartera. Posteriormente, las vuelven colocar en venta.
“Las viviendas desocupadas no las podemos colocar de inmediato, están sujetas a un proceso y tienen un dueño, no podemos disponer ni podemos colocar. Eso está vinculado al proceso que sigue Infonavit y digo Infonavit, porque es la hipotecaria más importante en este tipo de crédito”, dijo.
De hecho, recordó que se realizan subastas en paquete de viviendas abandonadas para ser rehabilitadas y puedan venderse a familias que así lo demanden.
Aseguró que debe existir mayor coordinación entre estado y municipio para que exista seguridad, alumbrado público y transporte público en esos fraccionamientos, principalmente de Tlajomulco.
Casas en Tlajomulco
Las casas abandonadas en el municipio sureño han sido caldo de cultivo para que grupos de la delincuencia organizada se apropien de ellas para cometer ilícitos.
Vecinos del Fraccionamiento Villa Fontana Aqua denunciaron que presuntos integrantes del crimen organizado cobran cuotas por permitir que personas vivan en ellas. Los cobros van de los 300 a los 150 pesos mensuales. El precio varía según la condición de la vivienda y el fraccionamiento donde se ubiquen. De negarse a cubrir el monto exigido, los extorsionadores desalojan con lujo de violencia a los moradores.
Muchas de las casas abandonadas son empleadas para la venta de drogas. Los delincuentes cuelgan calzado en los cables de energía eléctrica ubicados frente a los domicilios para señalar que ahí es un punto de comercialización de estupefacientes.
A principios de la administración del actual alcalde Alberto Uribe, se aplicó un programa para rescatar las fincas abandonadas.
Los vecinos intervenían los domicilios apegados al reglamento de colonos.
Las viviendas eran clausuradas con tablas para impedir que paracaidistas tomaran posesión de ellas, sin embargo, de poco sirvió, ya que nuevamente fueron invadidas.
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