Un juez federal dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que ejecute una orden de reaprehensión contra Jesús Marcial Martínez Pastelín, hermano del contralmirante Francisco Gerardo, quien fue jefe de ayudantes de Francisco Saynez Mendoza, titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en el sexenio de Felipe Calderón.
Martínez Pastelín fue encontrado penalmente responsable del delito de defraudación fiscal equiparada, el cual no era grave al momento de los hechos, motivo por el cual obtuvo su libertad bajo caución.
Sin embargo, el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México ordenó su reaprehensión porque no exhibió 20 millones 994 mil 180.44 pesos para garantizar la reparación del daño y 50 mil pesos por obligaciones procesales, por lo que ahora deberá cumplir su sentencia de tres años en prisión.
Jesús Marcial promovió un amparo con la intención de echar abajo la orden de recaptura.
No obstante, Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, rechazó conceder la protección de la justicia, ya que el juez de la causa señaló que el quejoso había incumplido con los requerimientos impuestos el 12 de septiembre y 7 de octubre de 2019, “por lo cual resultaba evidente el desinterés de la parte aquí quejosa de exhibir las garantías que le fueron fijadas para poder disfrutar del beneficio de libertad provisional bajo caución”.
Martínez Pastelín fue apercibido, pero hizo caso omiso, razón por la cual se ordenó su reaprehensión para que cumpla su sentencia en prisión, la cual fue dictada el 27 de septiembre de 2019.
“Expuesto lo anterior, contrario a lo manifestado por el quejoso, fue acertado que la autoridad revocara la libertad del quejoso y ordenara su reaprehensión, ya que en proveído de 2 de mayo de 2019, el entonces juez Décimo Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, concedió el beneficio de libertad provisional bajo caución al impetrante de amparo; y en diversa actuación de 12 de septiembre de 2019, el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad, hizo de su conocimiento las cantidades que tenía que exhibir para continuar gozando del beneficio, así como, las causas de revocación del mismo; mismas que se encuentran previstas en los artículos 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales.
“De ahí que la orden de reaprehensión reclamada esté justificada y se haya emitido de conformidad con lo que la ley procesal aplicable dispone en torno al beneficio de libertad provisional bajo caución, ya que tal actuar tiene sustento en el primer párrafo del artículo 414, del código federal procesal invocado, ante la revocación de ese beneficio”, detalla el fallo del juez Octavio Mejía.
Al inicio de la presente administración, la Unidad de la Inteligencia Financiera (UIF) denunció que entre 2010 y 2014, Jesús Marcial supuestamente recibió más de 220 millones de pesos de Marco Antonio Martínez Tirado y de Humberto Cervantes Pacheco, quienes eran proveedores de equipos de radiocomunicación, de telas militares y de entrenamiento para la Secretaría de Marina.
