La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que México atraviesa una “grave crisis” de violencia desde hace varios años, caracterizada por extrema inseguridad, niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a víctimas y familiares.
En su informe “Situación de derechos humanos en México”, elaborado tras la visita de siete representantes en octubre pasado, hace particular énfasis en las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad ciudadana y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Destaca que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado” y demuestra las “graves y múltiples deficiencias” de las investigaciones en este tipo de asuntos.
Por ello insiste en que se permita al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entrevistarse con los elementos del 27 batallón militar de base en Iguala, Guerrero.
El texto, de más de 300 páginas, subraya que esta situación aumentó durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en 2006 de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, con lo que la violencia alcanzó niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, 26 mil 798 desapariciones y el desplazamiento de otros miles.
Resalta que la práctica de “la tortura es alarmante” y “generalizada”, pues, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), a abril de 2015 cuenta con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura, pero solo existen 15 sentencias condenatorias a nivel federal.
Añade que en la investigación del caso Iguala —aun con su alto perfil—, 77 por ciento de las personas investigadas mostraban lesiones corporales, por lo que llama a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.
“La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y, en ciertos casos, impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.
“Las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia han generado un amedrentamiento en la sociedad mexicana”, puntualiza el texto.
En el reporte, la CIDH menciona que una y otra vez, en todo el país, escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una “simulación”, mientras que con el actual régimen no se ofrecieron “cambios sustanciales” en políticas de seguridad.
No obstante, reconoció que existen avances en la normatividad y en la legislación para la vigencia de los derechos humanos, pero que es necesario se pongan en práctica.
Señaló que el reto del Estado mexicano es, “en la actualidad, cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan los habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.
Concluyó que el gran desafío radica en romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de responsables de violaciones.
