En el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México hay cinco jueces que se caracterizan por privilegiar la libertad de los detenidos. En seis meses solo ellos ordenaron la excarcelación de 781 personas.
Sin embargo, también existen aquellos que tienen mano dura, que aún cuando la ley les concede la facilidad de aplicar libertades anticipadas, con el pago de fianza o sustituyendo la pena, mantienen a los presuntos delincuentes en prisión. En seis meses apenas concedieron 258 libertades.
Un informe del Poder Judicial capitalino resalta que de los 69 jueces penales que hay en la ciudad, los que conceden más libertades son en el juzgado sexto, Alejandra Vázquez Torres; 11, Eduardo Mata Carrillo; 29, Cirilo Israel Rivera Carmona; 41, Óscar Antonio Granados Campos; y 47, Mónica González Alvarado.
Mientras que los que ordenaron menos libertades son los jueces 14, Yadira Quintero Pérez; 28, José Lino Sánchez Sandoval; 38 Luis Alejandro Díaz Antonio; 52, Rubén Ponce Orta; y 60, Flor Fernández de Castro Vargas.
Este seguimiento que hace la Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJ indica que los delitos por estas excarcelaciones son diversos. Hay casos por falsedad de declaraciones ante la autoridad, encubrimiento, abuso sexual, entre otros.
También existen casos de delitos graves, como 22 homicidios, cinco secuestros, 84 narcomenudistas y más de medio millar de personas acusadas de robo a casa habitación, a negocio, de vehículos y autopartes, además de a pasajeros del transporte público. El informe resalta que muchas de las excarcelaciones son derivadas de las deficiencias con las que son integradas las averiguaciones previas a través del Ministerio Público.
En 17 casos, los jueces calificaron que no era legal la detención del presunto delincuente, 135 libertades fueron ordenadas por falta de elementos probatorios para procesar, y en otros 40 casos los impartidores de justicia emitieron sentencias absolutorias.
“Nosotros no somos investigadores de los delitos, nosotros solo aplicamos la ley, y si el expediente que se radica en el juzgado está mal integrado, tiene deficiencias procesales o simplemente al entrar a estudio no se acredita el delito que está intrínseco en la acusación del Ministerio Público, no tenemos más que ordenar la libertad”, coincidieron en señalar dos jueces penales.
A esta lista de juzgadores se suman los magistrados ponentes de las nueve salas penales que tiene el Tribunal Superior de Justicia, solo que en este caso, el tribunal de alzada se caracteriza por retener a los detenidos.
El análisis, cuya copia posee Notivox advirtió que los 27 magistrados avalaron mil 206 libertades en seis meses bajo los mismos argumentos que los jueces penales.
Aunado a aquellos reos que tienen derecho a la libertad provisional bajo caución, sustitución de la pena por jornadas de trabajo o pago de una multa, tratamiento en libertad por delitos no graves, suspensión condicional de la penal, desvanecimiento de datos y extinción de la pena.
