Un Tribunal Federal confirmó la resolución que rechazó vincular a proceso por tres presuntos delitos a la ex Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, Judith Aracely Gómez Molano, ex colaboradora del ex procurador Jesús Murillo Karam.
La mujer fue señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) de supuestamente disponer de al menos 100 millones de pesos de la Partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional, recursos que según se utilizaron para fines distintos a los que estaban destinados.
Los magistrados solo ratificaron el falló que la vinculó a proceso por lo que hace a dos modalidades del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal reafirmó la resolución dictada por Beatriz Moguel Ancheyta, jueza de control del Centro de Justicia del Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, en marzo de 2023.
Judith Aracely Gómez está acusada por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa
— ???? ???????????????????????????? ???? (@laadelita3) October 23, 2021
exoficial mayor de la PGR.
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El caso llegó al Tribunal porque la FGR apeló, ya que la juzgadora estimó que no hay datos de prueba para procesar Gómez Molano por los delitos de asociación delictuosa, fraude equiparado y peculado.
En tanto, la ex oficial también impugnó el fallo contra la vinculación a proceso por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Los magistrados coincidieron que los argumentos de la juzgadora de control están fundados y motivados, por lo que declaró infundados los recursos interpuestos por el Ministerio Público Federal y la quejosa.
En el caso de la vinculación a proceso, los magistrados señalaron:
“Cierto, se consideró que pudo establecerse que entre octubre de 2013 y febrero de 2014, la mencionada imputada, en su carácter de servidora pública, al desempeñarse como Oficial de la entonces PGR, probablemente emitió el oficio OM-1051-2013, por el que indebidamente se instruyó al director general de Seguridad Institucional, para que ejerciera recursos económicos públicos pertenecientes a la partida presupuestal 33701 ‘Gastos de Seguridad Pública y Nacional del Clasificador por Objeto de Gasto’ para la contratación y pago por la prestación de los servicios de actualización de licencias de software de borrado, seguro de dispositivos de información y virtualización de servidores antivirus, servicios de mantenimiento a equipo de comunicación e infraestructura auxiliar para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la entonces PGR, con las empresas privadas a las que se ha hecho referencia en apartado diverso, mediante la asignación discrecional; sin que los servicios adquiridos se encontraran relacionados con alguna investigación específica, cuya realización implicara que se actualizaran los rubros de riesgo, urgencia o confidencialidad”.
Lo anterior, permite presumir que se generó un daño patrimonial a la entonces PGR, únicamente por la cantidad de 69 millones 759 mil 436 pesos.
Es de mencionar que, la ex funcionaria enfrenta actualmente tres procesos, entre ellos, por la supuesta contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus, causa donde también está señalado el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón.
La FGR informó en su momento que, el monto de la operación por el sistema de espionaje fue de 460 millones de pesos.
SNGZ
