Ante la detención del ex alcalde de Allende, Sergio Lozano Rodríguez, por su presunta participación en las masacres ocurridas en ese municipio en 2011, el empresario Armando Guadiana pidió responsabilidad al gobierno coahuilense y lo exhorta a investigar a cualquier funcionario público involucrado sin importar su nivel o influencia.
Celebró que a partir de la denuncia presentada en la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad contra el Gobierno de Coahuila y quienes resultaran responsables, autoridades retomaron los procesos de investigación.
En ese sentido destacó que la demanda presentada en esa instancia internacional haya logrado llamar a la acción a las dependencias encargadas de impartir justicia.[OBJECT]
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La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que el ex munícipe enfrenta cargos por permitir el mayor número de secuestros masivos de personas ocurrido en 2011 y ordenar a los agentes de la policía municipal no intervenir en la incursión de los Zetas.
Sin embargo reprochó que se siga encubriendo a los funcionarios públicos del Estado de Coahuila o de la Federación que permitieron los crímenes aludidos.
Destacó que no puede quedar inadvertido que parte de las víctimas de Allende fueron trasladadas y privadas de su libertad ilegalmente en el Penal de Piedras Negras, el cual depende directamente del Gobierno de Coahuila.
Aunado a que el propio Subprocurador de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera Cepeda, ha reconocido públicamente, que los penales de Coahuila se encontraban bajo control de la delincuencia organizada desde 2009, lo que implica una intervención directa de funcionarios públicos estatales en la masacre de Allende.
Por tal razón, Guadiana Tijerina solicita que también se realicen acciones contundentes contra funcionarios del Gobierno de Humberto y Rubén Moreira: así como funcionarios federales de Felipe Calderón que fueron cómplices directos e indirectos al permitir las masacres en Allende y del Penal de Piedras Negras, donde medios de comunicación ha dado cifras de más de 500 personas ejecutadas.
dcr
