La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), informó que fueron presentadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía General de la República (FGR), las denuncias correspondientes por la presunta extorsión a una madre salvadoreña, para que su hija no fuera deportada a su país de origen.
MILENIO reveló este martes dicho caso, en el que la mujer centroamericana acusó que dos funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, le pidieron tres mil dólares para “ampararse” y “detener la deportación” de su hija de 12 años, quien permanece en custodia en un albergue al sur de la Ciudad de México.
Los hechos quedaron documentados en llamadas telefónicas e informes internos de la institución, en poder de MILENIO.
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En respuesta, la PFPNNA informó que, gracias a una llamada telefónica realizada el 14 de julio por la madre salvadoreña que vive en Estados Unidos, se tuvo conocimiento de situaciones que probablemente involucraban a diversas personas, entre ellas funcionarios públicos de dicha institución, y que pudieran considerarse como hechos que la ley señala como delito.
Añadió que, desde su ingreso bajo el cuidado y atención del Sistema Nacional DIF, se han llevado a cabo diversas acciones para garantizar los derechos de la persona menor de edad migrante no acompañada y brindar certeza jurídica, tanto a ella como a su madre, quienes siempre han estado en contacto permanente a través de los medios tecnológicos disponibles, en tanto se resuelve la situación jurídica de la persona menor de edad.
Indicó que a partir de los hechos que comunicó la madre salvadoreña, como primera acción se hizo del conocimiento de las autoridades al interior del Sistema Nacional DIF, y posteriormente se determinó cesar a Leonardo Antonio Arroyo Sánchez, quien desde la administración pasada se desempeñaba en la PFPNNA, ante las evidencias suficientes de su actuar y la pérdida de confianza.
“La Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de manera inmediata presentó las denuncias correspondientes ante el OIC y la FGR, en contra de todas las personas relacionadas con los hechos, al ser las autoridades a las que constitucional y legalmente corresponde la investigación, determinación de la probable participación y, de ser el caso, la sanción de los hechos señalados”, apuntó la institución.
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En un comunicado, agregó que se han reforzado los mecanismos de control al interior, a fin de erradicar la posibilidad de que hechos de naturaleza similar se repitan y apuntó que se está dando seguimiento puntual a este caso.
Subrayó que se continúa brindando la atención adecuada a la madre salvadoreña y a su hija menor de edad, en tanto se logra resolver su situación jurídica, lo cual se espera suceda en próximos días.
Finalmente, señaló que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes es la autoridad del Gobierno de México encargada de la protección y restitución de derechos de las personas menores de edad y destacó que todos los servicios que brinda esta institución son gratuitos, sin excepción.
“Nuestro compromiso es con niñas, niños y adolescentes que se encuentran en territorio mexicano y, en consecuencia, rechazamos de manera determinante cualquier tipo de conducta que pudiera implicar actos de corrupción o hechos ilícitos de cualquier persona servidora pública”, concluyó.
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HCM
