Un juez federal admitió a trámite un amparo que promovió el ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), René Gavira Segreste, contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por su presunta responsabilidad en la compra ilegal de certificados bursátiles por 100 millones de pesos, con dinero del organismo.
Ruby Celia Castellanos Barradas, jueza Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la suspensión provisional al quejoso para el único efecto de que el juez de la causa penal suspenda el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y no dicte el auto de apertura a juicio oral, hasta en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR), entre febrero de 2019 y junio de 2020, René Gavira “presumiblemente autorizó la compra de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos (equivalentes a 5 millones de dólares), utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa”. Lo anterior, pese a que “no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados”.
El auto de vinculación fue dictado el pasado 13 de diciembre por José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Asimismo, fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.
El pasado 7 de diciembre, Gavira Segreste se entregó a la FGR, por lo que su pudo cumplimentar la primera de seis órdenes de aprehensión contra el ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa.
Dicha orden de captura cumplida se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, ya que supuestamente autorizó ilegalmente que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo, en una SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple), la cual no se estaba regulada, ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito imputado, en este caso, es el de uso ilícito de atribuciones y facultades. Por este asunto también ya fue vinculado a proceso.
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