Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparece ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, en la Ciudad de México, para buscar enfrentar su proceso en libertad por el caso Odebrecht.
Un tribunal federal ordenó ayer celebrar una nueva audiencia para determinar si modifica la medida cautelar impuesta al ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El juez de control Artemio Zúñiga determinará si modifica la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Lozoya Austin, por la causa penal de Odebrecht, en la que se le acusa de los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la audiencia no habrá un nuevo debate entre las partes, es decir la defensa y la Fiscalía General de la República (FGR), no podrán intervenir, únicamente el juez dará su posicionamiento.
La defensa del ex director general de Pemex busca que el juez de la causa, ordene de nueva cuenta las medidas cautelares que tenía en un principio, que consisten en la colocación de un brazalete y no poder salir del área metropolitana del Valle de México.
En caso de que el juez determine modificar su resolución del 3 de noviembre pasado, el ex servidor público podría recuperar su libertad, lo anterior, porque hace unos días el Tribunal Unitario revocó la prisión preventiva justificada impuesta en el caso de la planta chatarra de Agronotrigoneados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico.
El tribunal ordenó reponer la audiencia, para que el juez motive y fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva en noviembre. Emilio Lozoya busca enfrentar sus procesos en libertad, cuando está en puerta para ser llevado a un juicio oral, en ambos procesos que enfrenta.
El ex funcionario denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión.
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Su madre Gilda Margarita Austin y Solís también fue acusada por la FGR, la cual pretende obtener una sentencia de 25 años de prisión. La defensa del ex funcionario no ha logrado conseguir un criterio de oportunidad, pese a que ofreció garantizar con un pago de 5 millones de dólares la reparación del daño causado por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
La FGR ha sostenido en las causas penales iniciadas contra diversos implicados en Odebrecht, que el objetivo principal fue beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas a la constructora brasileña en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana.
Para lo anterior, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, recibieron sobornos por más de seis millones de dólares.
Valiéndose de Emilio Lozoya, según la FGR, los recursos fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Peña Nieto y Luis Videgaray, mismos que a su vez ordenaron la entrega de dichos recursos a diversos imputados.
Con información de Rubén Mosso
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