La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó serias irregularidades en el manejo de fondos federales originalmente destinados para el combate a la pobreza en media docena de municipios michoacanos de Tierra Caliente, enclavados justo en la zona de mayor influencia de Los caballeros templarios.
Pagos faltantes, obras injustificadas, presupuestos inflados, dinero desaparecido: son 43.1 millones de pesos bajo la lupa. Se trata de recursos reservados en un principio para atender a lo largo de 2012 a las poblaciones más marginadas de Tierra Caliente y con los cuales se subsanarían algunas de sus deficiencias, desde dotarles de alcantarillado hasta pavimentar calles y electrificar sus casas. Hoy se sospecha que también pudieron ir a dar a la caja chica de los templarios.
Oficialmente, lo que se sabe es que hay errores serios en cómo fueron manejados por alcaldes de seis municipios michoacanos y que las cuentas no cuadran; en específico, la ASF encontró que distintas alcaldías incurrieron en graves omisiones contables en el manejo de millones de pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), un programa de transferencias destinado a atender a personas en marginalidad extrema.
En resumen, se presumen daños al erario público cuantiosos para municipios cuyos presupuestos de por sí son magros. Para Turicato se trata de 1.6 millones de pesos. En Tacámbaro, 4.4; en Zitácuaro y Pátzcuaro hay irregularidades en cómo se gastaron ocho y 10 millones de pesos, respectivamente.
El catálogo de irregularidades detectadas por la ASF como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2012 se repite a lo largo de municipios en los que hasta hace poco los templarios ejercían poder absoluto sobre los presupuestos municipales, como han denunciado distintos alcaldes. En total, fueron revisadas las cuentas de 8 municipios, de las cuales cuatro —las de Aquila, Pátzcuaro, Huetamo y La Huacana— fueron reprobadas por la auditoría.
Como resultado de las irregularidades, la auditoría abrió al menos una veintena de procesos de responsabilidad administrativa ante el cúmulo de libros contables inconsistentes y sumas que no cuadran en documentos mal hechos. Es cierto que frente a otras investigaciones de la ASF son cifras pequeñas: se trata de desvíos, fraudes o malversaciones que oscilan entre los 400 mil y 10.4 millones de pesos. Sin embargo, representan el primer ejemplo de cómo se malversaron fondos federales en zonas templarias durante los años recientes.
Por ejemplo, en La Huacana se detectaron irregularidades hasta en 20 por ciento de transferencias de la Federación. En Pátzcuaro, hasta en 60 por ciento. No es una cifra menor: para algunas alcaldías, los fondos del FISM representan hasta 35 por ciento de todos sus ingresos anuales, incluidas participaciones federales y cobro de impuestos.
En el caso de Aquila, donde 78.8 por ciento de los habitantes son considerados como pobres por
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se descubrió que en 2012 ocho obras por más de un millón de pesos no estaban respaldadas con documentación comprobatoria —es decir, no se sabe a quién se le asignaron—, además de que se gastaron 500 mil pesos en “acciones que no se encuentran dentro de los rubros contemplados en la normativa”. Traducción: no se usaron en apoyo a la población más necesitada.
La administración municipal no entregó ni siquiera la documentación requerida por ley por la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo. Peor aún, las cifras que sí se le informaron al gobierno federal no coinciden con las de la Cuenta Pública Municipal.
En Huetamo, que hasta antes de la incursión de las autodefensas y las fuerzas federales era considerada uno de los bastiones más importantes de los templarios, las pesquisas de la ASF se centraron en 37 millones de pesos entregados por el gobierno michoacano a la administración municipal.
En este municipio, en el que 67 por ciento de los habitantes vive por debajo de la línea de pobreza, se detectó que 29 obras fueron asignadas a empresas sin que exista documentación que compruebe o justifique el gasto de 762 mil pesos. De la misma forma, se ejercieron 146 mil pesos fuera de la normatividad y se gastaron 6.5 millones de pesos en obras que “no beneficiaron directamente a la población en rezago social y pobreza extrema”.
Las irregularidades en otros municipios siguen la misma pauta que en Huetamo y Aquila. Curiosamente, se trata de los mismos errores, como asignación de recursos a obras no contempladas dentro de la normatividad, expedientes incompletos y pagos inflados, entre otros. La que sigue es una pequeña muestra:
En La Huacana, el municipio destinó un millón de pesos a “gastos indirectos”, por encima del límite autorizado de 100 mil pesos; en Pátzcuaro en una obra se determinó que existen pagos en exceso por medio millón de pesos, y en Turicato no se establecieron controles para evitar el desvío de recursos a fines distintos a los establecidos por la ley.
