La Ley de Movilidad que preparan los diputados en el Congreso Local todavía genera diferencias entre los grupos legislativos, entre las que destacan los seis votos que obtiene el sector privado en la Junta de Gobierno y el plazo de año y medio que se da para una reestructura de las rutas.
Luego de que el Congreso de Nuevo León publicara un dictamen sobre la Ley de Movilidad en el estado, el grupo legislativo de Morena hizo comentarios sobre los puntos en los que discrepan y que podrían postergar más tiempo el tema.
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De Morena resalta los seis cupos dentro de la Junta de Gobierno que tendría el sector privado, propuestos por el dictamen del PAN, y que corresponderían al Consejo Cívico, Observatorio de Seguridad Vial, Canadevi, Caintra, Coparmex y Canaco.
De acuerdo a Morena, estos seis espacios, además de otros cuatro ocupados por alcaldes (tres de ellos metropolitanos) que serían decididos por la misma Junta de Gobierno, le daría mucho poder de decisión a la iniciativa privada.
Critican que este poder permitiría, entre otras cosas, poder decidir un aumento de tarifa o temas relacionados con presupuesto, en una Junta de Gobierno que también estaría compuesta por el gobernador, dos secretarios de su gabinete, un diputado, el titular del Instituto de Vivienda, además de tres representantes de organizaciones no gubernamentales, para un total de 18 miembros.
La bancada de Morena también criticó uno de los artículos transitorios que se leen en el dictamen del PAN, que da un plazo de un año y medio para que inicie la reestructura de las rutas y en general del transporte, considerando que este es el problema más importante en la agenda de Movilidad del transporte en la entidad.
Los morenistas señalaron además en el anteproyecto publicado, la posibilidad de que se les puedan recovar las concesiones por decreto y que sus inversiones pasen a ser propiedad del Estado, algo que aseguran, puede desincentivar la inversión privada, además de resaltar que existe jurisprudencia que prueba la inconstitucionalidad de este artículo, por lo que habría amparos en su contra.
En el tema de las aplicaciones digitales, una de las razones centrales en la Ley de Movilidad, la bancada de Morena pidió prohibir explícitamente la subarrendación de unidades, además de exigir licencia Tipo E a los conductores, cuando actualmente se les exigió la Tipo C, y destinar el impuesto del 1.5 al subsidio del transporte.
En el anteproyecto, sin embargo, el PAN propone que lo recaudado se destine a infraestructura peatonal y para vehículos no motorizados, y solamente en casos “excepcionales” para subsidiar el transporte público, previa decisión de la Junta de Gobierno.
