Funcionarios con altos cargos en la Coordinación General de Puertos fueron denunciados en la Procuraduría General de la República, por presuntamente avalar que una empresa particular opere una terminal de hidrocarburos en Manzanillo, Colima.
En la denuncia se responsabiliza a Ovidio Noval Nicolau, director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo; a Ricardo Martínez Suárez, director general adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Por estos sucesos, la PGR abrió la carpeta de investigación FED/COL/MAN/000487/2018.
En el documento se menciona que la compañía Porter FG México solicitó el 29 de junio de 2017 una concesión por asignación directa del área, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, ante la Dirección General de Puertos.
Sin embargo, la mencionada dirección no contestó la solicitud y después la API (Administración Portuaria) propuso a Porter FG México vender su proyecto a Logística de Fluidos y Graneles SA de CV, lo que dio origen a una denuncia por tráfico de influencias.
La empresa quejosa rechazó hacer tratos, debido a la inversión que realizó para su muelle; no obstante, la API concedió el contrato a Logística Fluidos, que presuntamente usó un predio irregular para la operación de la terminal de hidrocarburos.
En el documento presentado en la PGR se específica que el contrato autorizado por la API fue otorgado antes de haber contado con el aval del Consejo de Administración de dicho organismo.
Este jueves, sesionará el consejo de la API para analizar las presuntas irregularidades y tomará una determinación sobre el tema.
jbh
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