En la elección judicial local, los capitalinos elegirán a las personas juzgadoras que resuelven temas cotidianos en la ciudad como herencias, divorcios, adopciones, pensiones alimenticias, incumplimientos de contratos de arrendamiento, robos, fraudes, extorsiones, homicidios y feminicidios.
“Los jueces locales son los que tienen el primer contacto con la ciudadanía cuando surgen conflictos de cualquier rama”, explica Claudia Morales, especialista de la organización Impunidad Cero.
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Rol de jueces en Poder Judicial
El domingo primero de junio, en la primera elección judicial en la historia del país y de la Ciudad de México, los capitalinos recibirán nueve boletas con nombres de aspirantes, de los cuales, seis serán para la elección de autoridades jurisdiccionales federales y tres para jueces y magistrados del ámbito local.
Mientras los jueces federales tienen competencia sobre temas a nivel nacional y verifican que los procesos judiciales estén apegados a la Constitución, los jueces locales son la primera ventanilla a la que los ciudadanos acuden para resolver conflictos de primer nivel.
De las tres boletas locales que recibirán los votantes el día de la elección, una será para designar a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, otra para elegir a magistrados locales y otra más para personas juzgadoras de la ciudad.
En total, hay 137 cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México en juego, de los cuales, cinco son los lugares del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 34 son cargos de magistraturas de salas del Tribunal Superior de Justicia de la capital y 98 corresponden a juzgados locales.
En esta elección, se elegirá a 45 jueces y 12 magistrados en materia civil, 22 jueces y siete magistrados en materia familiar, 13 jueces y 10 magistrados en materia penal, cinco jueces y un magistrado en materia de ejecución de sanciones penales y un juez y cuatro magistrados en materia de justicia para adolescentes.
Además, seis jueces en materia de adopción, cuatro jueces en materia laboral, un juez civil y uno penal de tutela de derechos humanos.
En total, la elección renovará a juzgados de nueve materias y a magistraturas de cinco materias.
La función de magistrados y magistradas es revisar la actuación de jueces y juezas cuando las sentencias que dicten sean impugnadas por alguna de las partes, a través de un recurso de apelación.
Jueces civiles y familiares, los más cercanos
Los jueces en materia civil atienden todo tipo de controversia entre particulares, que no tenga que ver con lo familiar.
Así, atienden juicios sobre propiedades, inmuebles o negocios, como arrendamientos, hipotecas, incumplimientos de contratos, pago de pagarés o cheques, daños culposos ocasionados en accidentes de tránsito, adeudos de cuotas de mantenimiento.
Además de otros conflictos suscitados dentro de los condominios y asuntos en los que el centro de la controversia no sea cuantificable en dinero, entre otros.
Por ejemplo, explica Claudia Morales, el origen del reciente conflicto en Chalco, en donde una mujer asesinó a dos personas por la presunta invasión de una vivienda, debió haberse resuelto ante un juzgado en materia civil, antes de convertirse en un tema penal.
Por su parte, los jueces en materia familiar dictaminan la licitud o la nulidad de los matrimonios, resuelven sobre demandas de divorcio y violencia familiar, deciden sobre los regímenes de bienes dentro de un matrimonio, atienden juicios que afecten el parentesco de los integrantes de una familia, que involucren pensiones alimenticias.
Así como sobre temas de paternidad y filiación, patria potestad, régimen de convivencias, interdicción y tutela de los menores.
También resuelven juicios sobre sucesiones, es decir, herencias, autorizan modificaciones o rectificaciones en actas del Registro Civil y atienden todo tipo de conflictos surgidos entre familiares y que afecten a los menores de edad.
La familiar es una de las materias en las que hay mayor rezago en la Ciudad de México por el incremento en el número de divorcios, asegura Morales.
Materia penal, la más delicada
Los jueces en materia penal resuelven sobre los delitos del fuero común, como robos, extorsiones, homicidios, feminicidios y narcomenudeo.
Para Eduardo Rojas, especialista de la Fundación para la Justicia, la materia penal es la más “delicada” en el proceso electoral porque la sentencia condenatoria más alta implica privar de libertad a las personas.
“Por esta invasión tan radical hacia la esfera de derechos de las personas es que la materia penal debe estar robustecida con mayores principios. Y esos principios, sin duda, era más fácil garantizarlos a través de la carrera judicial, no a través de un sistema de elecciones”, opina.
A pesar de que los jueces en materia penal son los más numerosos dentro del Poder Judicial local ─en 2023, eran 117, según datos oficiales─, en la elección de este año se renovará apenas al 13% de esos juzgadores.
Mientras en esta elección, se renovará a la mayoría de jueces civiles, para la siguiente elección, de 2027, se prevé que se renueve al grueso de los penales.
Por su parte, los jueces en materia de ejecución de sanciones penales se encargan de resolver todos los incidentes que surjan derivados de las sentencias de los jueces penales, incluidas las libertades anticipadas de los sentenciados.
Es su responsabilidad realizar todas las acciones necesarias para vigilar que se cumplan las consecuencias jurídicas de los delitos.
Otros jueces: Puestos a renovar
Con la elección del primero de junio también se renovarán seis juzgados en materia Familiar Especializada en Adopción Nacional e Internacional.
Claudia Morales, especialista de Impunidad Cero, explicó que esta es una materia que busca prevenir el delito de sustracción internacional de menores.
“Si una adopción nacional tiene una serie de requisitos que muchas veces son bastante complejos, tratándose de materia internacional es aún más porque se tiene que velar que el niño o la niña o el adolescente no esté capturado en alguna cuestión de trata de personas o de explotación laboral infantil. Por eso se hace esta especialización para garantizar el interés superior del menor”, detalla.
También se elegirá a un juez civil de tutela de derechos humanos y un juez penal de tutela de derechos humanos, los cuales se encargan de emitir sentencias en casos en los que se requieren interpretaciones específicas para la protección de los derechos fundamentales de las personas.
“No es que los otros jueces y juezas desconozcan de derechos humanos, pero digamos que, bajo esta lógica de tener interpretaciones más progresistas, es que se crearon estas figuras”, explica Eduardo Rojas.
Asimismo, se elegirá a un juez de justicia para adolescentes, que se encarga de dictar medidas enfocadas a ese grupo de población específico que, por tratarse de menores de edad, deben cumplir una función educativa reforzada.
Finalmente, se elegirá a cuatro jueces en materia laboral, que atenderán casos de competencia local de conflictos individuales y colectivos entre trabajadores y patrones.
RM
