La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a un amparo en revisión, con el cual se pretende ordenar a las autoridades de nuestro país que continúen con la investigación de una bebé que fue robada durante el régimen del dictador Francisco Franco, en España, y que fue entregada a una familia mexicana por intervención de jerarcas de la Iglesia católica de ambas naciones.
Se trata del caso de Ligia Graciela Ceballos Franco, de quien se cree nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, y que fue entregada en adopción a un matrimonio mexicano que la trasladó al estado de Yucatán, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.
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La ministra Margarita Ríos Farjat solicitó a los integrantes de la Primera Sala de la Corte ejercer la facultad de atracción, luego de que un juez de Distrito determinó sobreseer la demanda de garantías en la que se reclamó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer la acción penal por el presunto delito de desaparición forzada.
El asunto fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que elabore un proyecto de sentencia en el que analice la impugnación de la supuesta omisión de las autoridades de continuar con los actos de investigación del delito de desaparición forzada y de la negativa de crear un grupo especializado de búsqueda en términos del artículo 70 fracción II de la Ley General de Desaparición Forzada, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda.
Asimismo, se plantea analizar si la luz de la perspectiva de niñez, es posible definir parámetros para la investigación de las desapariciones forzadas de niños y niñas en un contexto histórico de adopciones irregulares, con el propósito de que las víctimas conozcan sus orígenes y recuperen su identidad.
Cabe señalar que en la demanda de amparo, se impugna la determinación de un juez de control, porque solo pidió a la FGR subsanar los vicios contenidos en la determinación de no ejercer acción penal.
La representación legal de la quejosa demanda continua con los actos de investigación para poder determinar el paradero de la citada persona o, en su caso, esclarecer plenamente si dicha persona es quien ahora responde al nombre de Ligia Graciela Franco Ceballos.
Asimismo, exige que se indague si otros menores de posible origen español pudieron ingresar irregularmente a México, como parte de actos de desaparición forzada de personas cometidos en España, durante la dictadura del general Francisco Franco.
Antecedentes
De acuerdo con informes de Amnistía Internacional (AI), Ligia Ceballos posiblemente es la “bebé robada” en 1968 en Madrid.
Al descubrir esta situación, Ligia Graciela decidió presentar una denuncia penal, el 15 de febrero de 2017, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, en diciembre de 2022, la FGR decidió no ejercer la acción penal en el caso de esta ciudadana mexicana que podría haber sido víctima, por considerar, entre otros elementos, el fallecimiento de los presuntos perpetradores como argumento clave para justificar el fin de la investigación penal.
Según AI, la investigación de la FGR arrojó importantes avances para restablecer la verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su pasado.
En dicha investigación, participó también la Fiscalía Provincial de Madrid a petición de auxilio judicial de la FGR.
Sin embargo, la investigación se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen biológico de Lilia, pero facilitó detalles de su pasado para avanzar en la reconstrucción de su propia historia.
La única información que consta sobre la filiación de Ligia en España son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael. El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán.
Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por AI, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, porque no podían tener hijos de forma natural.
Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.
“En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del Arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado ‘algo especial’, pero aún no había nacido”.
Según testimonios de los familiares a AI, el matrimonio buscaba una niña blanca, de rasgos europeos, y habría pagado la cantidad de 50 mil pesetas por la adopción.
AH
