El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, llamó a los jueces orales a erradicar impunidad, ineficiencia y corrupción que han minado la credibilidad de nuestro sistema penal.
Aguilar dijo que con el apoyo de la sociedad civil y de las instituciones, se están sentando las bases para transformar radicalmente nuestra justicia con la alta expectativa de cumplir con el pueblo de México.
Ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la procuradora general de la República, Arely Gómez González, el ministro anunció la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal en Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.
Aguilar Morales aseguró que el Poder Judicial de la Federación escogió y capacitó a los mejores juzgadores para atender los juicios orales en materia federal.
Los nuevos juzgadores, apuntó, deberán brindar una justicia accesible, que se entienda, que no tenga oscuros ni grises y que se imparta con transparencia frente a los ojos de la gente.
Mencionó que con este sistema se buscará satisfacer las legítimas demandas de una sociedad que requiere de transparencia, de honestidad, para demostrar que se puede ser confiable, que los jueces están para servir a la sociedad.
"Deben ser el punto de inflexión para combatir los flagelos de impunidad, ineficiencia y corrupción que han socavado la credibilidad de nuestro sistema penal y que, estoy convencido, con la colaboración de todas las instituciones involucradas y de la sociedad civil estamos sentando las bases para transformar radicalmente nuestra justicia penal con la alta expectativa de cumplir con el pueblo de México", expresó.
Por su parte, la procuradora Arely Gómez mencionó que el nuevo Sistema de Justicia Penal impedirá que acusadores, defensores, asesores jurídicos y órganos jurisdiccionales se escuden en el sistema tradicional, pues cerrará los espacios de opacidad en los que se pueda cometer un acto de corrupción dentro de los procedimientos penales.
La funcionaria dejó claro que no basta contar con mejores normas, mejores operadores y mejores sistemas informáticos, si esto no recupera la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y si no se traduce en una mayor comprensión de los beneficios y bondades que trae consigo el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Indicó que todas las instituciones están obligadas a elevar la capacidad profesional para ser más eficientes y transparentes, al tiempo de poner en práctica principios y valores éticos en el desempeño cotidiano de sus funciones.
Gómez agregó que si bien la adopción de un Código Nacional de Procedimientos Penales representa enormes beneficios para los destinatarios de la norma y futuros operadores del proceso penal, también involucra otros grandes retos, fundamentalmente en el ámbito institucional.
Informó que se solicitó al Congreso la emisión de la sexta declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional para los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz, prevista para el próximo 29 de abril. La séptima y última etapa, añadió, se dará el 14 de junio para los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto de los territorios a los que se refieren los artículos 42 y 48 de la Constitución.
Por su parte, el secretario de Gobernación mencionó que con estos nueve estados suman 24 las entidades donde se aplica el nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que representa 70 por ciento de la cobertura nacional y para lo cual se han destinado 12 mil millones de pesos, presupuesto histórico.
Osorio Chong aseguró que el nuevo sistema está presente donde hay tres de cuatro mexicanos, y cubre a 85 millones de mexicanos.
