La aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares podría estar en riesgo, advirtió Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a los recortes al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Indicó que, a más tardar el 1 de abril de 2027, todos los juzgados del país dedicados a estos juicios deberán contar con la infraestructura, la estructura y el personal debidamente capacitado para el desahogo de las audiencias orales y, dadas las circunstancias que imperan en la actualidad, será muy complejo lograrlo.
Durante su participación en las Jornadas de Introducción al Estudio del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, organizadas por la Escuela Federal de Formación Judicial, el ministro señaló que el Decreto publicado el pasado 7 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que, los Poderes Judiciales, federal y estatales, deberán hacer los ajustes reglamentarios para la adopción de las mejoras en sus estructuras e infraestructuras -física y tecnológica- y de capacitación de personal.
Para ello, se precisa la obligación de aprobar los recursos presupuestarios correspondientes, a efecto, de que pueda darse operatividad a la nueva norma.
Pardo Rebolledo apuntó que, si bien el artículo sexto transitorio del Decreto precisa que la Cámara de Diputados contemplará en los ejercicios fiscales posteriores a la publicación del Decreto, es decir a partir del 2024, una asignación de recursos presupuestarios para el cumplimiento de lo ordenado, “siempre existe la posibilidad de que, en el siguiente ejercicio fiscal, no sólo no se aumente el presupuesto, sino que, incluso, exista una reducción, lo cual, sin duda, dificultaría todavía más el poder dar cumplimiento a lo establecido”.
El ministro estimó que la oralidad representará otro reto para los propios justiciables, pues deberán contar con abogados que estén debidamente preparados, que conozcan debidamente el Código, los recursos y sus hipótesis de procedencia y que, además, tengan las habilidades necesarias para argumentar jurídica y oralmente en el momento de las audiencias.
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