De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Ciudad de México —en promedio dos cada día— no hay certeza de cuántas víctimas reciben apoyo psicológico en el Centro de Terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la procuraduría capitalina, ya que la atención no es obligatoria.
A estas víctimas, cada año, sobre todo mujeres y niñas, el Estado les no garantiza “la posibilidad de disminuir el impacto de una violación, de eliminarlo”, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales (CTA), impulsado por organizaciones feministas, como parte de un proyecto de atención integral, explica quien fue su titular, Bárbara Yllán Rondero, a Cimacnoticias.
Sin embargo, el CTA, fundado en 1991, como resultado de ese proyecto integral de atención a víctimas de delitos sexuales y que incluyó reformas al Código Penal Federal y la creación de las agencias especializadas, “se descuidó en el camino”, considera.
Peor aún, el CTA, la única unidad que brinda ese servicio, a donde se canalizan todas las víctimas que interpusieron denuncias en las agencias especializadas, hoy no es lo que se pensó: un modelo integral que diera a las mujeres una “justicia restitutiva”: con atención jurídica, psicológica y de salud, agrega Yllán Rondero.
Las consecuencias no son solo problemas de administración pública, señala la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez. “La importancia de que el Estado garantice este servicio es que las personas que vivieron violencia sexual puedan tener salud mental y emocional, pues de no recibir una atención especializada, las consecuencias pueden derivar en depresiones que lleven incluso al suicidio”, advierte.
“Los proyectos de atención a víctimas son muy delicados y más cuando no se cuidan, por eso ha habido casos fatales de denuncias —coincide en señalar Bárbara Yllán—. Lo peor es que el personal del CTA lo ve como una cuestión ‘asistencial’; la atención a víctimas y el seguimiento puntual de los delitos sexuales ha colapsado”, enfatiza.
A ello se suma, afirma Martínez, impulsora del CTA, que a casi 30 años de creado, se desconoce si su modelo de intervención psicológica es efectivo o da resultados, ya que la PGJ no ha sido transparente: “nunca ha permitido, por ejemplo a la sociedad civil, una observación directa del trabajo de atención a víctimas que está haciendo, ni siquiera ha hecho público el modelo que sigue”.
DE LA ESPERANZA... AL CTA
El CTA, como instancia de la PGJ, por obligación, debería proporcionar atención psicoterapéutica a las personas (en su mayoría mujeres y niñas) que denuncian una violación sexual.
El CTA está ubicado, además, en la zona residencial de la colonia del Valle, Pestalozzi 1115, lejos de las delegaciones en donde, según la propia Fiscalía de Delitos Sexuales, hay más violaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.
En el último año, solo dio 28 terapias individuales y 885 grupales (PGJ, quinto informe de actividades), y atiende en promedio a más de 3 mil personas víctimas de violencia sexual directas o indirectas cada año.
La realidad en el CTA, afirma la directora de Adivac, es un servicio “tardío y burocrático”, donde lo único que les interesa “son los números oficiales y no la calidad de la atención”.
Personal del centro reconoce, en entrevista, que al ser la única unidad “está saturada”. Y eso impide, señala la directora de Adivac, que dé un tratamiento pronto y seguimiento puntal a las víctimas.
Yllán coincide: “No hay suficiente personal que atienda, asesores legales; sé que dan citas a las víctimas una vez al mes, cuando las terapias deberían darse mínimo una vez a la semana”.
Para Martínez Rodríguez, experta en atención a víctimas de violencia sexual desde hace 27 años, la terapia semanal garantizaría que el modelo de atención psicológica sea eficiente, “las sesiones deben ser constantes, una vez cada semana, no como sucede en el CTA, donde dan únicamente 12 sesiones.
Y añade: “El modelo de atención psicológica debe estar sustentado en técnicas, teorías, no es un manual de procedimientos”.
FALTA CAPACITACIÓN
Sin transparencia tampoco sabemos si el personal de esos centros está realmente preparado en el área psicológica, afirma la experta.
Dicen que son especialistas “porque están trabajando ahí, pero no tienen una formación ni de género y mucho menos de derechos humanos. Tienen que saber de sexualidad y no saben, solo tienen lo que les dan en la facultad y muchas acaban de salir de la escuela”.
El desinterés del gobierno siempre fue problema y la precariedad constante, afirma Yllán, al recordar cuando dirigió el CTA. “No había mobiliario, comprábamos sillas de jardín usadas porque no había dinero, llenaba el centro con muebles que arreglábamos, hacíamos jornadas de reparación para vernos dignos, aun cuando hay cualquier cantidad de presupuesto en el gobierno”, señala Laura Martínez.
EVALUAR, REPARAR, VIGILAR
Ante este panorama, tanto Yllán como Martínez consideran que sí hay salida. Para la directora de Adivac, primero hay que acabar con el hermetismo, “crear un observatorio sobre el abordaje de la violencia sexual, puntualmente en el CTA”, y revisar su modelo de atención.
A partir de ahí, evaluar si se necesitan más unidades como estas en la capital, destaca. Se podría pensar, incluso, “en una institución que albergue los tres servicios de atención hoy seccionados: jurídico, psicológico y de salud para “que las víctimas no estén en un ir y venir de instituciones”.
Podría operar de la mano de organizaciones civiles y expertas en el tema, pues agrupaciones como Adivac son las que se han posicionado como la opción para las víctimas. “Ven que no somos el gobierno y ven en los medios de comunicación a las personas que pasaron su proceso en Adivac y se sienten bien, y dicen: ‘yo quiero estar así’”.
Bárbara Yllán asegura que “regresaría al sistema de la procuración si realmente se permitiera trabajar sin restricciones”. Y propone crear un foro nacional, donde expertas y el Estado plateen distintos problemas de violencia de género, violencia sexual y su atención. Esto tiene que retomarse, insiste.
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