En menos de un mes, 590 juicios de garantía se tramitaron en juzgados de Distrito de los estados Guanajuato, Chiapas y Michoacán, por violaciones a derechos de internos en Centros Federales de Readaptación Social.
Los quejosos denunciaron, a través de sus abogados, graves violaciones a sus derechos humanos, y citan como autoridad responsable al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
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Las quejas se centran en la “falta de medicamentos para los internos afectados por algún padecimiento, carencia de médicos, ausencia de actividades que permitan al privado de su libertad una adecuada reinserción social, la retención de correspondencia y la comunicación telefónica relativa”.
También acusaron altos precios de los productos que se comercializan en las tiendas de abarrotes ubicadas al interior de los complejos penitenciarios.
Como pruebas de las irregularidades, los abogados de los afectados citaron un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicado el 2 de enero del 2022, el cual calificó de “grave” la situación que viven las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social.
En el escrito de amparo también se hace referencia a una nota periodista publicada por MILENIO el 18 de octubre del 2021, donde se informa que un juez aplazó hasta nueva fecha las imputaciones contra 20 ex funcionarios del sistema federal penitenciario, acusados de diversos delitos.
