El diputado local del PRI, Álvaro Ibarra Hinojosa, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Víctimas con la intención de atender de manera urgente a niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad por feminicidio u homicidio.
Argumentó qué esta iniciativa es con el fin de saber cuántos menores de edad han quedado en la orfandad por feminicidio u homicidio, y dar seguimiento a las necesidades básicas de su desarrollo, por lo que sugiere crear el Registro Estatal de Víctimas.
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El diputado expresó que se trata de una reforma que plantea incluir el artículo 78 Bis en la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.
Al presentar la propuesta en la Oficialía de Partes del Congreso del Nuevo León, el legislador del PRI comentó que, según datos de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), en el país solo se reconocen como víctimas a 238 niñas y niños.
“En su correcta dimensión, nadie sabe quiénes son esos menores, dónde están, quién los atiende, cómo viven la ausencia, quién los mantiene; hasta la fecha no existe un registro público, ni una política federal de atención sistemática para garantizar su bienestar, lo más preocupante que resalta es que no se sabe si reciben atención, si van a la escuela, si tienen acceso a una correcta alimentación, y su acceso a los servicios de salud.
“Es por eso que propongo que se establezca en la Ley de Víctimas del Estado la obligación de crear un Registro Especial de Victimas indirectas de feminicidio, en el que se inscribirán a los menores de edad que hayan quedado en estado de orfandad, como consecuencia de la comisión del delito de homicidio o feminicidio”, propuso.
El también presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública resaltó que en Nuevo León se deben de implementar políticas públicas integrales que erradiquen la violencia y que garanticen los derechos humanos de las víctimas, ya que no se puede hacer caso omiso ante esta situación que enfrentan miles de familiares de personas víctimas de este delito.
“Los menores quedan, usualmente, al cuidado de los abuelos que deben sobrellevar solos el duelo y la crianza en una edad avanzada y muchas veces en un contexto de extrema pobreza. Nos queda claro que las víctimas del feminicidio y también del homicidio están en el desamparo y es urgente que sean atendidas de una manera integral en la que se brinde seguimiento oportuno de los casos y sean protegidos todos sus derechos”, agregó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen.
