El arraigo comenzó a ser asunto del pasado. La controvertida figura ya casi no es usada por la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con un informe de la institución, en 2016, sólo 25 personas permanecieron arraigadas para que el Ministerio Público de la Federación pudiera enriquecer sus pesquisas, de las cuales 21 fueron consignadas o judicializadas, es decir, se ejerció acción penal en su contra.
Ahora, en lo que va del presente año, solo tres personas han sido sometidas a la medida cautelar, lo que demuestra que la PGR está dejando está práctica que por años generó críticas y obligó reformar la ley para que la figura no fuera declarada inconstitucional.
Por ejemplo, de 2006 a 2016, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo) solicitó a jueces federales especializados en la materia que le concedieran el arraigo de 8 mil 752 personas; 7 mil 776 de éstas fueron consignadas por considerar que había delitos que perseguir.
El mayor número de arraigos ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra el narco, conflicto que persiste y ha dejado miles de muertes en México.
Las estadísticas de la representación social de la Federación detallan que en 2007, la Seido mantuvo bajo arraigo, previa orden judicial, a 703, pero solo consignó a 440; en 2008 el número de arraigados alcanzó mil 111, y se determinó ejercer acción penal contra 923.
La cifra aumentó en los siguientes tres años; en 2009 se solicitó a los jueces aplicar la medida cautelar contra mil 517 personas y finalmente mil 467 fueron llevadas ante juzgados, en 2010 se arraigó a mil 679 personas y se acusó a mil 467, y en 2011, mil 933 permanecieron arraigados en instalaciones de PGR y solo 19 lograron recuperar su libertad con las reservas de ley.
El 10 de diciembre de 2012, nueve días después de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que estaba dispuesto a desaparecer de manera paulatina, la multicitada medida cautelar.
En 2012, cuando concluía la administración de Calderón e iniciaba la gestión de Peña Nieto, la PGR registró 861 personas bajo arraigo. En 2013, el agente del Ministerio Público solicitó dicha medida para 534 sospechosos, de los cuales 432 terminaron en prisión; en 2014, se reportó a 264 arraigados, y al final de ese año se consignó a 267; en 2015, el número fue de 83 arraigados y en 2016, solo 25.
"Contradice la reforma"
La fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados propuso eliminar el arraigo, por considerar que esa figura contradice la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, además de ser ineficiente, pues de 6 mil 562 personas arraigadas entre 2008 y 2011, solo 3.2 por ciento alcanzó sentencia condenatoria.
Acompañado por sus correligionarios Martha Tamayo y Armando Luna, el legislador sostuvo que el arraigo representa un lastre que impide despegar al sistema de justicia penal acusatorio y oral.
"En el nuevo sistema se investiga para detener, lo que hace más competitiva a la autoridad competente y la obliga a que cuando se presente al juez haya sumado muchas más evidencias, pero la excepción es justamente el arraigo, porque sigue siendo detener para investigar, y por supuesto esto facilita, en términos prácticos, el quehacer de la autoridad ministerial", dijo.
Claves
“Viola la libertad”
• El líder de la bancada priista, César Camacho, dijo que el arraigo representa una de las últimas reminiscencias del antiguo sistema de justicia inquisitivo, que pone en entredicho el respeto a los derechos humanos.
• “Viola la libertad personal, las reglas del debido proceso y va contra la presunción de inocencia; más bien es una presunción de culpabilidad y hace que de facto parezca que la condena de privación de la libertad inicie con el arraigo”.
