Los activistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Amicus Curiae, con la cual buscan impugnar la acción de inconstitucionalidad que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma penal que otorga más facultades a la policía en sus investigaciones.
La presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, dijo que es ocioso que el organismo esté impugnando el tema de la geolocalización, cuando éste ya fue declarado constitucional por el Alto Tribunal.
Entrevistados en el máximo tribunal de justicia del país, Miranda de Wallace subrayó que sólo coinciden con la CNDH en el sentido de que no se debe retener a un testigo de delito por 15 días como lo marca el Código Federal de Procedimientos Penales.
La idea principal, abundó, es que no le quiten herramientas a la policía para que pueda trabajar.
"Yo creo que las circunstancias en que estamos en nuestro país, lo menos que queremos es quitarle atribuciones a la policía", expresó.
Por su parte, Alejandro Martí, titular del Observatorio Ciudadano, declaró que no es posible que la CNDH no permita o considere inconstitucional que en un acto de flagrancia no pueda hacer una investigación o una aprehensión en su caso.
"No es posible que sigamos discutiendo un tema que en todo el mundo se usa, como la geolocalización; incluso Human Rights se queja. Nos han manifestado que no tenemos nosotros, nuestras instituciones policiacas, los suficientes elementos para hacer nuestras investigaciones", expresó Martí.
