A la alza violación de menores por pandemia en este año, tan sólo el Colectivo Feminista Tamaulipeco coadyuva en el proceso legal de seis casos en la zona sur de la entidad, pero se prevé que existen más denunciados y los que no se denuncian.
Nury Romero Santiago, presidenta de este colectivo, señaló que en el encierro ha expuesto a los niños, pues sus padres salen a trabajar y los dejan encargados al no haber escuela, o lamentablemente hasta sus padrastro son los agresores, por lo que urge que se agilicen las sentencias para acabar con este problema.
“Es muy lamentable que con la pandemia se incrementó la violencia familiar, el maltrato y hasta violación de menores de edad, hemos escuchado muchos casos, es necesario tomar acciones para solucionar estos problemas y la verdad sancionar a quien haya cometido este ilícito, nosotros traemos seis casos en seguimiento”.
Pidió a la Fiscalía General de Justicia que no alarguen los procedimientos usando de pretexto la pandemia porque mientras no sentencian al agresor, la víctima sigue con el temor de volver a ser agredido.
Mencionó que así cómo está hay muchas mujeres y menores de edad que se topan con la ineficiencia de las instancias encargadas de impartir la justicia quienes por flojera o nepotismo prefieren que las víctimas den muchas vueltas, mientras que el presunto responsable sigue libre.
Indicó que también hay casos de mujeres violadas que viven solas en su domicilio y fueron ultrajadas, mismas que tenían miedo de denunciar pero ya se les asesora en este sentido.
Con respecto a la Ley Ingrid, comentó que es una ley que debió de haberse aprobado hace mucho tiempo con la Ley Olimpia, pero que es una lastima que apenas la quieran poner sobre la mesa en estos momentos, cuando debió ser algo prioritario.
“Es importante porque imagínese lo impactante que es para la familia volver a vivir esto y que circule en redes, que luego lo tomaron otro sentido, es super doloroso para las familias que viven ese duelo”.
Fue pleno del Congreso capitalino quien ya aprobó la Ley Ingrid, una reforma al Código Penal local para sancionar con entre dos y seis años de prisión a los policías, peritos, agentes del Ministerio Público entre otros servidores públicos que filtren información sobre la víctima de un crimen.
