La defensa de los cuatro militares contra los que se dictó auto de formal prisión por presuntamente estar relacionados con el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exigieron al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que deje de politizar las investigaciones, para que los padres de las víctimas y todo el país puedan conocer la verdad
Alejandro Robledo Carretero y César Omar González Hernández, quienes representan al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, así como al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel, dijeron que es necesario tener acceso a la justicia sin sesgos, ni manipulaciones.
“Resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencias para fabricar culpables, por lo que en su en su oportunidad presentaremos las acciones legales correspondientes en contra de quien corresponda”, advirtieron.
Mencionaron que están evaluando iniciar acciones contra Alejandro Encinas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también de carácter penal.
Dejaron claro que los cuatro militares no están sujetos a proceso por las imputaciones que se hace en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, “como maliciosamente se ha hecho creer a los familiares de los estudiantes desaparecidos y a toda la opinión pública”.
Explicaron que el proceso que se le instruye al general Rodríguez Pérez es por delincuencia organizada, y al resto de los militares por delincuencia organizada y desaparición forzada, lo cual se sustenta en declaraciones de un sólo testigo protegido de nombre “Juan”, quien colaboraba con el grupo criminal Guerreros Unidos y por su presencia el día 26 de septiembre de 2014 en la clínica “Cristina”, donde se habían refugiado algunos estudiantes que no son los 43 normalistas que fueron desaparecidos.
Añadieron que el auto de formal prisión dictado en su contra se desprende, de dichos no corroborados del citado testigo. “No tiene ninguna evidencia que los citados militares tuvieran relación con ningún grupo criminal, ni que se hayan tenido contacto alguno con los 43 desaparecidos y, por ende, participado en forma alguna en dicha desaparición.
"Las imputaciones del testigo protegido Juan refieren datos falsos como la referencia de que cuando se detuvo a Reynaldo Benítez Palacios, El Huaraches, se encontraba también el narcotraficante Mario Casarrubias Salgado, al cual se dejó escapar, siendo este último que tenía más de un año preso en el Cereso”, apuntaron.
Aseguraron que el informe de la Covaj fue elaborado sólo por el subsecretario Encinas.
“Dicho informe se encuentra plagado de falsedades, conjeturas, especulaciones como la afirmación que toda la información y productos obtenidos los han entregado a la Fiscalía especial para el caso, lo cual fue desmentido.
DMZ
