En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 244 servidores públicos de la institución y jueces federales otorgaron 125 órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión, cohecho, enriquecimiento ilícito, privación ilegal de la libertad, robo, hostigamiento sexual, uso de documento falsos y contra la administración de justicia, principalmente.
En noviembre del año pasado, Marcos César Zaldívar Hernández, director de área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR, fue sentenciado por el delito de hostigamiento sexual, motivo por el cual se ordenó la destitución de su cargo.
Zaldívar Hernández se valía de su posición jerárquica y derivada de sus relaciones laborales asediaba a una empleada del Cenapi, conductas que realizó en el interior de su centro de trabajo.
César Alejandro Chávez, visitador General de la Procuraduría General de la República, presentó su informe de actividades del periodo abril-diciembre del 2015.
El documento menciona la consignación de 244 personas, 96 por ciento más con respecto al promedio mensual de consignaciones y el libramiento de las órdenes de aprehensión por los actos ilícitos antes mencionados.
En el periodo señalado, indica el informe, se resolvieron mil 664 expedientes de investigación, con lo que se obtuvo 110 autos de formal prisión y sujeción a proceso que representaron un incremento de 146 por ciento con relación al promedio de autos dictados en los meses previos.
Respecto a las acciones de remoción, se despidió a 122 agentes del Ministerio Público de la Federación y a 27 Agentes de la Policía Ministerial por haber cometido irregularidades administrativas graves.
También se emitieron 460 vistas para que la autoridad responsable sancione, por la vía administrativa a 365 personas y por la penal a otras 95, como responsables de haber cometido diversas irregularidades.
Alejandro Chávez se comprometió a seguir trabajando para combatir la corrupción y abatir los actos de impunidad en el servicio público federal.
Puntualizó que todavía atiende observaciones realizadas por la procuradora Arely Gómez González, con el propósito de aumentar la efectividad y eficiencia en la investigación y persecución de los delitos cometidos por los servidores públicos de ésta dependencia.
Otro de los casos que han llamado la atención se suscitó en 2015, cuando Alejandro Montes Olmos, jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en Zacatecas, fue separado temporalmente de su cargo por presuntamente dejar escapar a cinco de sus agentes, que después fueron aprehendidos.
Los elementos de la PFM actualmente enfrentan un proceso penal por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión en grado de tentativa, intimidación y contra la administración de justicia.
Asimismo, en octubre del año pasado, un juez federal dictó auto de formal prisión contra dos agentes de la PGR y uno de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) que fueron detenidos con droga el 23 de septiembre, tras una persecución y balacera con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, incidente que dejó un federal muerto
